MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno considera que la Generalitat valenciana no es oficialmente dueña de los clubes de fútbol que avaló a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), entre ellos el Valencia, pues ello implicaría un incumplimiento de la Ley del Deporte. El presidente del club, Vicente Llorente, acaba de dimitir escudándose precisamente en el nombramiento de nuevos patronos por parte de la fundación del Valencia, controlada por el IVF.
Después de que se diera a conocer que la Generalitat valenciana iba a asumir el aval que el IVF concedió a clubes de fútbol como el Valencia o el Elche a la vista de la imposibilidad de pago por parte de los beneficiarios, la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, preguntó al Gobierno qué medidas pensaba tomar al respecto, habida cuenta de que la comunidad valenciana es una de las más endeudadas y a las que el Estado más ayuda financiera presta mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ya indicó en enero que la Generalitat negociará con Bankia para no tener que desembolsar de forma inmediata y de una vez la totalidad del préstamo suscrito por la Fundación Valencia Club de Fútbol, pues entiende que es su obligación con el club, pero también negó que su objetivo fuera gestionar la entidad deportiva.
En su respuesta, recogida por acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que, de acuerdo con la información facilitada al Consejo Superior de Deportes (CSD), la Generalitat Valenciana no es actualmente propietaria de ningún club de fútbol, ni tiene participaciones significativas en el accionariado de ninguna SAD.
"No hay por ello --agrega-- ningún incumplimiento de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, mientras no haya cambios en la composición del accionariado de los clubes de fútbol mencionados en la pregunta".
¿PERO ES ÉTICO?
Pero Rosa Díez iba más allá y preguntó al Gobierno de Mariano Rajoy si considera "ético" rescatar con dinero público entidades de fútbol teniendo en cuenta la situación que atraviesa la comunidad, con recortes en servicios sociales y sin pagar a proveedores básicos como las farmacias.
"En cuanto a la opinión o consideración que desde el plano ético merecen este tipo de operaciones financieras, el Gobierno considera que en materia de gasto público la equidad debe regir la actuación de todas las Administraciones públicas", sostiene, el Ejecutivo, dejando entrever ciertos reparos.
En todo caso, el Gobierno insiste en que, en el caso del Valencia C.F., "no se dispone de elementos de juicio que permitan afirmar que la Generalidad vaya a asumir la deuda" y que desde Madrid sólo podrán oponerse por las causas y motivos fijados en el decreto ley de julio de 2012 que creó el FLA.
