El Gobierno no reconoce competencias en inversiones de la Comisión Bilateral con Andalucía

Dice que CCAA "no pueden pretender construir en sus estatutos un sistema de financiación adicional" según criterios "más favorables en cada momento"

Marta Fernández Currás
Europa Press/Archivo
Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 1 julio 2013 14:02

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido una carta al consejero de Economía andaluz, Antonio Ávila, en la que expone que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado carece de competencias en materia de inversiones, por lo que lo acordado sobre las inversiones que se dejaron de ejecutar en los años 2008 y 2009 no supone "ningún compromiso de gasto" para el Gobierno.

La carta, firmada por la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, y a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a otra del consejero en la que se formulaba requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo, frente a la "inactividad" del Estado al "no convocar la Comisión Bilateral" prevista en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto.

En esa misiva se exponía que el Gobierno central no cumplía con el Estatuto andaluz en materia de inversión --entre 2008 y 2009 la Intervención General del Estado certificó que se dejaron de ejecutar más de 1.504 millones de euros-- y se manifestaba la queja por la falta de remisión de información sobre el importe de la inversión total realmente ejecutada por el Estado en la Comunidad en los ejercicios 2010 y 2011.

Ahora, en la respuesta, fechada el 10 de junio y adelantada por la Cadena Ser, Fernández Currás recuerda, como el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya hiciera en otra misiva anterior, que, de acuerdo al artículo 220 del Estatuto, esa Comisión Bilateral "carece de competencias en materia de inversiones quedando asignadas, según el artículo 184 (...9 del Estatuto en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma".

Por ello, "la metodología y procedimientos aprobados en un grupo de trabajo en una comisión que no tiene competencias en la materia así como las comunicaciones recibidas en relación a la Disposición Adicional Tercera en 2008 y 2009 no suponen ningún compromiso de gasto", indica.

El Ministerio justifica su postura en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña en relación a que los textos estatutarios "no pueden tener en modo alguno (*) efectos directamente vinculantes para el Estado y, por tanto, debe pues interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones".

"Así pues las comunidades autónomas no pueden pretender construir en sus estatutos un sistema de financiación adicional para inversiones que se distribuya territorialmente según el criterio o variable que sea más favorable en cada momento a los intereses de cada comunidad", incide.

NIEGA APROBACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO

Por otro lado, sobre la falta de competencia de la Comisión Bilateral y después de que la Junta aludiera a la obligación de remisión de información antes del 30 de junio en virtud a lo establecido en la metodología de cálculo de las inversiones en el seno de esa comisión, Currás dice que "no consta" la aprobación por tal órgano de "ninguna metodología específica de cálculo sin perjuicio de las actuaciones realizadas por un grupo de trabajo en el seno de la misma cuyo resultado no consta que fuera elevado y aprobado por tal comisión".

En cualquier caso, la responsable de Presupuestos y Gastos subraya el compromiso del Ministerio con "la máxima transparencia" sobre la información de la actividad económico-financiera del Estado, como, según sus palabras, pone de manifiesto el 'Informe de Distribución Territorial de la Inversión del Estado y sus Organismos, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, cuya última publicación disponible actualmente recoge datos de ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre de 2012.

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