MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, pidió ayer que se deje "de marear la perdiz" después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictaminase que el informe que relacionaba a ETA con el 11-M es falso e imputase a sus autores un delito de falsificación documental. La investigación judicial sobre estos hechos llevará a descubrir "a quiénes han instigado" a los tres peritos imputados "a falsificar un documento", aseguró por su parte el PSOE. Mientras, el líder del PP, Mariano Rajoy, prefirió no pronunciarse sobre el auto de Garzón y se limitó a exigir la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
"El 99% de los ciudadanos ya sabe la verdad de lo que pasó", juzgó Sevilla en referencia a la Comisión de Investigación del Parlamento y a la investigación judicial. "Por tanto, no sólo por respeto a las víctimas y a las familias de las víctimas, que dejen de marear la perdiz", aseveró. Según el ministro, el PP en su afán de buscar teorías "cada vez más complicadas" está intentando "salvar las responsabilidades que pudieran haber tenido las personas que tenían responsabilidades tanto el día del atentado como los días posteriores".
Con esa actitud, el PP, según Sevilla, "está poniendo en riesgo el funcionamiento de la democracia y de las instituciones: si el Parlamento no funciona y la Policía no funciona, si el Gobierno no funciona y si la Audiencia Nacional no funciona ¿qué pasa? ¿sólo funcionan ellos?". Así, el ministro confió en que este auto lleve "a la reflexión" al PP y su líder, a quien pidió que "diga alguna vez qué es lo que piensa sobre este asunto, porque hasta ahora no ha tenido ideas muy claras al respecto".
El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, fue más allá y aseguró que su partido está "convencido" de que las investigaciones judiciales llevarán a descubrir "a quiénes han instigado" a los tres peritos "a falsificar un documento", que son los mismos que "a cualquier precio, aunque sea sin ningún fundamento y aunque lo hagan contra toda evidencia judicial y policial quieren vincular a ETA con el 11-M". "No vacilan con ello en desprestigiar a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces, a los fiscales y también a las víctimas", sentenció.
"Por primera vez en mucho tiempo", el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, dijo estar de acuerdo con Garrido y pidió que se descubra a los "instigadores" de la falsificación a través de "una investigación parlamentaria". Además, invitó al PSOE a que cuando se produzcan las decisiones definitivas se proceda a investigar políticamente todas las responsabilidades que existan, asumiendo también las responsabilidades derivadas de los actos y las declaraciones que se han venido efectuando.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO
Por su parte, Rajoy eludió pronunciarse sobre la decisión de Garzón porque, según dijo, "no es mi responsabilidad juzgar lo que hagan los jueces". Sin embargo, estimó que el ministro del Interior ya debería haber dado explicaciones de hechos como esos informes o la investigación que ha abierto un juez contra el jefe de Seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, por avisar a los etarras antes de su detención. "Lo habremos hecho bien o mal, pero en aquella época el Ministerio del Interior era un lugar respetable, en el que se cumplía la ley, sin generar problemas a la gente", sentenció el líder del PP.
Según Rajoy, lo que ocurre en el Ministerio le recuerda "a unas épocas pasadas que creíamos olvidadas", por lo que exigió a Pérez Rubalcaba "transparencia" para explicar asuntos como la detención ilegal de militantes del PP o las últimas noticias en torno al 11-M o ETA. El presidente de los populares, aseguró que un ministro "no está para enredar, filtrar y decir cosas que rara vez son verdad" y apuntó que "le dolería" que se volviera a etapas que estaban olvidadas, en referencia a los GAL.
Sin embargo, el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo se desmarcó completamente de las declaraciones de su presidente y acusó a Garzón de "servir al Gobierno" y de llevar a cabo "un espectáculo bochornoso" al hacerse cargo de un delito que no es competencia de la Audiencia Nacional. Según Del Burgo, "la política ha ocupado el despacho del juez Garzón".
