VALENCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central ha pedido excusas porque el Instituto Nacional de la Seguridad social (INSS) de Alicante contestó en castellano a la queja de un ciudadano que eligió el uso del valenciano. El Ejecutivo indicó que se trata de un error "ante el que solamente cabe pedir excusas".
Así se desprende de su respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso por el diputado de ERC Agustí Cerdà, que pedía conocer en su iniciativa parlamentaria las razones de la "negativa" de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las oficinas del INSS de Alicante a atender a ciudadanos que se expresan en valenciano.
En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo señala que "en ningún caso ha existido intención de vulnerar los derechos que asisten a los ciudadanos de elegir la lengua en la que se tramitará el procedimiento en el que forman parte, ni responde a la política de la Administración de la Seguridad Social".
El Gobierno asegura que, en lo que se refiere al caso concreto que se plantea en la pregunta, "la causa que conllevó a que la información fuera dada en castellano fue el desconocimiento de la lengua valenciana por la funcionaria que atendió inicialmente al demandante de información y no la negativa a dispensar una información en la lengua en la que el interesado había formulado la pregunta".
Además, agrega que "esa atención e información fue dispensada posteriormente en la lengua cooficial de la comunidad autónoma por otro funcionario del mismo centro".
En la respuesta al diputado, señala que el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, reconoce el "derecho de los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico".
"El artículo 36 de la citada norma, en su número 1, determina que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano", argumenta.
Añade, no obstante, que "los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella". En este caso, recuerda el Gobierno, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado.
El Gobierno estima que "este derecho, debe ser conciliado con la no exigencia, en la actualidad, de conocimiento de las lenguas cooficiales para el acceso a la función pública de la Administración General del Estado".
No obstante, subraya que "la política formativa en lenguas vernáculas es una clara preocupación de la Administración General del Estado y con especial importancia en la Administración de la Seguridad Social", en la que, dada su implantación territorial, "es permanente la realización de cursos de formación para el conocimiento en toda su extensión de los diversos idiomas del Estado español".
Por otra parte, apunta que "la política formativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social dedica un especial interés a la formación y capacitación del personal destinado a las áreas de información, sea presencial, telefónica, telemática o escrita".
Según señala, "esta política de bilingüismo se extiende a todas las comunidades autónomas, entre las que se sitúa lógicamente la Comunidad Valenciana, estando prevista la realización en el plan de formación del bienio 2005-2006 de un número superior a 4.000 horas destinadas a la formación en las lenguas propias de las comunidades autónomas".
