La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press
MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Concordia de Extremadura al considerar que reduce la protección de las víctimas e invade competencias estatales.
Según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Gobierno ha solicitado la suspensión de los preceptos que se impugnan de la norma, dados los precedentes de mantenimiento de la suspensión por el Tribunal Constitucional en casos similares, como así sucedió cuando se impugnaron normas similares en Cantabria o Comunidad Valenciana.
Los motivos que esgrime el Ejecutivo para impugnar esta ley es que reduce la protección reconocida a las víctimas por la legislación estatal, limita derechos reconocidos por la Ley de Memoria Democrática y que la "concordia" no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas.
También argumenta que la reconciliación social "debe" construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla, que el cambio concepto de memoria a concordia no es solo terminológico, sino que implica reducir la protección pública de las víctimas.
"Conforme al Derecho Internacional, no existe contradicción entre promover la concordia social y garantizar plenamente los derechos de las víctimas; al contrario, la reparación constituye un presupuesto de esa concordia", sostiene el Gobierno.
NO COLABORA CON EL ESTADO
Del mismo modo, el Ministerio cree que Extremadura deja de cooperar plenamente con la normativa estatal y que la ley autonómica supedita la cooperación a su propia legislación de concordia, "dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal".
Según el Gobierno, la ley "vulnera la dignidad y la integridad moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura", afecta a derechos fundamentales de las víctimas e "invade" competencias estatales en aspectos procesales y educativos.