El Gobierno pretende extender la ley de incompatibilidades a los alcaldes y concejales

Actualizado: lunes, 8 mayo 2006 17:13

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró hoy que pretende "extender" a concejales y alcaldes "las mismas normas de incompatibilidades" que en este momento se aplica a los altos cargos de la Administración General del Estado. Esta propuesta será incluida en la Ley Básica del Gobierno y Administración Local, pero aún falta el acuerdo definitivo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la rueda de prensa celebrada para hacer un balance de los tres meses de aplicación del Plan Concilia, el titular de Administraciones Públicas dijo esta iniciativa será un "mecanismo que va a permitir" que las "grandes decisiones" de los ayuntamientos "se adopten con todas las garantías y transparencias, y con toda la capacidad de información y de control", de tal manera que refuerce "lo que ya ocurre", y añadió que "desde luego el Plan Urbanístico es una gran decisión".

El ministro explicó que la propuesta de la FEMP es aplicar esa ley de incompatibilidades a "aquellos concejales con responsabilidad de gobierno que tengan dedicación exclusiva" a esta tarea, aunque indicó que este punto se está "todavía negociando", y que forma parte de ese "20 por ciento" de asuntos en los que "todavía" no se ha llegado a un acuerdo con la FEMP.

Fuentes de la FEMP confirmaron a Europa Press que, efectivamente, uno de "estos flecos" que aún quedan por acordar con el Ministerio se refierne a la discusión para determinar qué tipo de municipios serán los abarque esta ley.

COORUPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS

Sevilla aseveró que "el 99,9 por cien" de los municipios españoles "son magníficos, funcionan bien y están gobernados por personas decentes", y añadió que hay un 0,1 por cien de "corrupción e ilegalidades", que "es lo noticiable". "En cualquier caso, tenemos que incrementar las medidas para que esa minoría de personas que van a los municipios no para ayudar a los vecinos sino para engordar su bolsillo lo tengan mucho más difícil de lo que lo podían tener antes" señaló el ministro.

Sevilla indicó que la aplicación de esta norma de incompatibilidades podría ser a "los municipios grandes", y señaló, a modo de ejemplo, que "si eras albañil y eras el responsable de urbanismo de tu pueblo" con esta ley "no podrías ser albañil" en los dos años siguientes, y "estas son situaciones que hay que contemplar", sentenció el ministro.

Del mismo modo dijo que si aplicamos solo un "criterio poblacional" para elegir a los municipios a los que se les aplica esta Ley, "se quedarían fuera algunos municipios que a lo mejor sería interesante que estuvieran" incluidos. Por este motivo el ministro aseguró que "el criterio no será únicamente la población del municipio" y que habrá "alguno más" que aún no está decidido.

Según Sevilla esta Ley Básica del Gobierno y Administración Local incluye "medidas para fortalecer el funcionamiento de la democracia en los ayuntamientos", medidas que "faciliten que el que ha ganado las elecciones locales pueda gobernar y el que está en la oposición pueda controlar" y "dignifica" la función política de los "miles de alcaldes y concejales que colaboran de manera tan desinteresada que no cobran por ello".

Las medidas para dignificar a estos alcaldes y concejales, argumentó el ministro, son incluir en esta Ley "la concesión del derecho al desempleo como cualquier otro trabajador, que hasta ahora no lo tenían", y la ya mencionado extensión de algunas de las incompatibilidades que en este momento el Gobierno ha puesto para los altos cargos de la Administración General del Estado.

Además, afirmó esta Ley "actualiza la Ley de Bases del Régimen Local de año 1985" y "pone en común lo que tienen en común un pequeño ayuntamiento de Tenerife y un gran ayuntamiento de Galicia".

TRANSFUGISMO EN ESPAÑA

El titular de Administraciones públicas también se refirió a los casos de transfugismo en España, de los que dijo que "en los municipios no llegan al cinco por ciento", y que de este cinco por ciento "los pueden tener algo que ver con corrupción no llegan al dos por ciento, lo que es una minoría de casos", aunque indicó que este dato no es motivo para que no se "se tomen todas medidas posibles para evitar incluso esa minoría".