El Gobierno rechaza el nuevo REB de Matas porque es infundado y no sería aprobado por la UE

El Gobierno central ha rechazado la propuesta de reforma del Régimen Especial de Baleares (REB) que ha pregonado el Govern, que incluía una reserva de inversiones similar a la de Canarias, al considerar el Ejecutivo español que "plantearía problemas" para justificar en la Comunidad Europea estas ventajas atendiendo al mayor desarrollo económico y social de Balears.

Así lo certifica el Gobierno en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, donde concluye que las "circunstancias especiales" existentes en Canarias para contar con un Régimen Fiscal Especial "no se dan en Baleares", lo que "implicaría que en ningún caso" la Comunidad Europea autorizaría la Reserva promulgada por el Govern y que está todavía en vías de desarrollo.

Tras estudiar los documentos "informales" sobre el nuevo REB del Govern llegados a La Moncloa, el Gobierno argumenta que los datos económicos de Baleares "ponen de relieve el mayor nivel de desarrollo económico y de renta que tiene esta Comunidad en relación con el resto del Estado, lo que haría difícil justificar un régimen de incentivos a la inversión que no pudiese igualmente defenderse para otros territorios".

Con ello, el Ejecutivo cierra a las puertas a apoyar en Europa el nuevo REB que quiere impulsar el presidente balear, Jaume Matas, como hizo con Canarias, al entender que en este caso sí que había un "fundamento sólido" para disponer de un régimen económico y fiscal que compense sobre todo los costes de la ultraperificidad de este archipiélago.

Para justificar esta posición, el Gobierno ofrece varios datos, como que el PIB por habitante de Baleares era de 145,92 en 2002 sobre un índice 100 que representa la media española. Además, la renta disponible bruta per cápita en Balears fue de 11.498 euros en 2002, frente a los 9.766 euros de media nacional y los 9.053 euros de Canarias.

Otras cifras que alejarían el visto bueno de la UE serían la menor tasa de paro en Baleares (7,1 por ciento), cuando la media nacional era del 11,3 por ciento y la de Canarias alcanzaba el 11,1 por ciento. Por su parte, la tasa de ocupación en Balears era del 74 por ciento en el mismo año (60,6 por ciento en España).

La medida fiscal incluida en la propuesta de reforma del REB actual consiste en la creación de una Reserva para Inversiones en Baleares cuyas líneas básicas coinciden con la existente en Canarias, tanto en el importe del beneficio fiscal como en el tipo de activos en que puede materializarse la reserva, previendo incluso la materialización en deuda pública de la Comunidad Autónoma, como en el caso de Canarias.

En su informe, el Gobierno recuerda que el Tratado de la UE señala que son incompatibles con el mercado común, en la medida que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

Así, sólo podrán ser compatibles, y en ellas se incluyen a Canarias, las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo, situación que no ocurre en el caso de Balears.

En este sentido, el Gobierno subraya que la autorización del REF canario se fundamentó en que Canarias estaba incluida en el 'Mapa de Ayudas Regionales', unido a que el archipiélago tenía la consideración de región ultraperiférica, con un nivel de renta no sólo inferior a la media europea sino también a la española.

Asimismo, el Gobierno abunda que la insularidad en sí es una circunstancia peculiar que el artículo 38 de la Constitución Española obliga a considerar, pero "esa consideración no tiene por qué consistir en el establecimiento de un beneficio fiscal, ya que la insularidad puede ser una ventaja en los casos de situación estratégica, centro comercial, foco turístico para países de alta renta o atracción de inversiones extranjeras".

El Gobierno señaló además que, en el caso canario, hubo más fundamentos para justificar este régimen fiscal. "Por un lado, el histórico, puesto que desde el siglo XV el archipiélago canario ha venido disfrutando de una especial ordenación tributaria respecto al régimen peninsular, como reconocimiento al hecho insular y a sus peculiaridades económicas", detalla.

"En la época contemporánea, el Real Decreto de 1852 del Gobierno Bravo Murillo ya declaró puestos francos las islas Canarias para potenciarlas como centro de contratación, siendo tal régimen renovado y ampliado por leyes de 1870, 1900 y otras posteriores hasta el último antecedente el régimen actual, que fue la ley de 22 de julio de 1972, añade.

NUEVO REB.

Según el documento que tiene el Gobierno, el nuevo REB que quiere impulsar el Govern contenía, además de la Reserva para Inversiones en el marco fiscal, la creación de una Comisión Mixta de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; recoger directamente en un texto legal los problemas planteados por el transporte aéreo y marítimo de viajeros; potenciar el sistema de ayudas a la industria tradicional y, especialmente, a las pymes insulare; y regular legalmente un nuevo esquema de compensaciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías.

Sobre estos asuntos, el Gobierno defiende que ha procedido a incrementar en los dos últimos ejercicios el presupuesto para atender las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la Península y Baleares para reducir los costes de la insularidad, respondiendo a la petición aprobada, a través de Proposición No de Ley, en el pleno del Congreso de los Diputados.