MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno reformará este año el Código Penal para combatir con mayor eficacia la corrupción del funcionariado público del extranjero que pueda producirse en operaciones comerciales con otros países. Las nuevas herramientas de control darán respuesta a las sugerencias planteadas en el último informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que abarca a 36 países) en el que analiza la situación de España.
Según informó hoy el Ministerio de Justicia, el informe valora de manera positiva los avances que España ha introducido en su legislación en relación con el comiso de bienes, incluso en casos de corrupción de agentes públicos extranjeros. También destaca el hecho de que se ha extendido la práctica de intercambiar información fiscal con otros países, conforme a tratados internacionales que facilitan la investigación de delitos de corrupción.
El estudio reconoce que España está preparando normas relativas a la responsabilidad de las empresas en la corrupción de funcionarios extranjeros e incluye un repaso general de las recientes medidas adoptadas y de las características específicas de España, tanto en el aspecto policial como legal, en la lucha contra la corrupción, para lo que se ha dado mayores responsabilidades a la Fiscalía Anticorrupción en relación con la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos.
El estudio establece que un mayor papel de esta Fiscalía, que dispone de unidades de apoyo específicas de Policía y Agencia Tributaria, debería asegurar un mayor cumplimiento de la ley en lo relativo a la lucha contra la corrupción.
SUGERENCIAS Y MEDIDAS.
Entre las sugerencias de la OCDE incluye en su informe figura "modificar la ley para ampliar las sanciones aplicables a las empresas e introducir multas disuasorias", recomendación que el Gobierno incluye en el proyecto de reforma del Código Penal, que se presentará a Consejo de Ministros este año, al introducir la completa responsabilidad de las personas jurídicas, que llevará aparejada las sanciones o multas necesarias.
"Aumentar las penas a quienes sobornen a funcionarios extranjeros para lograr decisiones discrecionales favorables, tales como la adjudicación de un contrato", aparece en la reforma del Código, mediante un aumento de las penas para esta clase de delitos, a fin de que sean castigados al menos con un año de prisión, lo que permitiría poder extraditar a los autores.
La OCDE también sugiere "ampliar la definición de corrupción de funcionarios extranjeros, de manera que incluya los sobornos en forma de beneficios no monetarios, tales como dar trabajo a un familiar", aspecto sobre el que se está trabajando ya, recalificando las "dádivas" que corrompen a los funcionarios para abarcar las económicas o de cualquier otra índole.
Además, se propone "mejorar el flujo de información a los fiscales y jueces sobre posibles casos de corrupción de agentes públicos extranjeros por parte de empresas españolas", principio fundamental en el que viene trabajando el Ministerio de Justicia, a través del Plan de Transparencia Judicial y del impulso a la aplicación de las nuevas tecnologías, con las que se consigue información automática que permite obtener datos en tiempo real.
Por último, el informe invita a "hacer explícita la prohibición de deducir fiscalmente cantidades que puedan provenir de sobornos a agentes públicos extranjeros", lo que la Agencia Tributaria vigila especialmente, ya que en caso de que, en el transcurso de una inspección, detecte este tipo de prácticas, lo pone en conocimiento de Anticorrupción.
