MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, reprochó al PP que traslade a la sociedad el mensaje de que ha sido su actitud la que ha influido en la decisión que adoptó el Tribunal Supremo para hacer que el etarra Henri Parot siga en prisión al menos hasta 2020. Para los populares, el Supremo no sólo ha "desautorizado" y "corregido" al Gobierno, sino también al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Moraleda explicó que el Gobierno no ve como "un alivio político" la decisión del Supremo sobre Henri Parot, sino como "el ejercicio del Estado de Derecho". Los jueces, añadió, han "adecuado lo que es la sensibilidad social, el momento en que nos encontramos, a una interpretación por la cual un terrorista no pueda ser beneficiario de descuentos penitenciarios" hasta que "no tenga objetivamente una voluntad de no reincidir en el motivo por el cual fue condenado".
"Eso es lo que de verdad ha hecho el Supremo", dijo un Moraleda muy molesto con la actitud del PP. "Parece que ha sido ese partido el que ha influido en el Tribunal Supremo. La mejor forma de respetar a los jueces es dejar que decidan libremente", explicó el secretario de Estado. Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, el Supremo también ha dejado claro que el PP no tenía razón cuando acusaba al Gobierno de variar la política penitenciaria para excarcelar a presos de ETA en un hipotético proceso de paz.
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, también criticó la posición del PP al alabar la decisión adoptada por el Supremo. "Introduce una cierta tranquilidad social a lo que en semanas anteriores, y no sin intencionalidad política, se había promovido en el sentido de hacer ver que el Gobierno estaba pinchando a través del fiscal para poder sacar presos condenados por delitos de terrorismo antes de la hora", explicó.
Los populares, en cambio, insisten en utilizar el caso de Parot para criticar al Gobierno. Mariano Rajoy aseguró que "es especialmente reconfortante que los jueces corrijan las actuaciones del Gobierno a través del fiscal general del Estado, que había apoyado el recurso de Henri Parot contra la decisión de la Audiencia".
"UN ERROR TRAS OTRO"
El Supremo, de hecho, estimó el recurso de Parot para concentrar sus condenas, aunque introdujo una nueva jurisprudencia para impedir su salida de prisión. Rajoy, en todo caso, aseguró que Cándido Conde-Pumpido comete "un error tras otro". Para el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, los jueces han "desautorizado claramente" al Gobierno y al fiscal general, que han defendido "las tesis más benévolas" para los etarras.
Para el Gobierno vasco, la decisión del Supremo tiene "un matriz político y puede ser inconstitucional", porque se trata de una aplicación retroactiva de la Ley y marca diferencias en su aplicación entre unos presos y otros. Su portavoz, Miren Azkarate, explicó que también "supone eliminar toda la política de redención de penas" y "dificulta seriamente cualquier política de reinserción".