Gobierno vasco aboga por que las CC.AA. convoquen "autónomamente" sus Ofertas Públicas de Empleo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, José Manuel Fínez, apostó hoy por que sean los ejecutivos regionales los que convoquen "autónomamente" las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) del sector, siempre siguiendo criterios nacionales "homogéneos" para todas las regiones.

Durante su participación en la jornada 'Modernización de la Justicia en España', organizada por los diarios El Mundo y Expansión en Madrid, Fínez consideró que "no es razonable ni justificable que quien paga no pueda controlar la selección y promoción de su personal", además de subrayar que esta situación general "mucha interinidad".

"Si no se descentralizan las OPE, sin poner en tela de juicio la base nacional, no se resolverán estos problemas. ¿Por qué actualmente no podemos convocar de manera autónoma y con las bases que ponga el Ministerio de Justicia? Es la única forma viable y razonable de resolver las bolsas de interinidad que, además, son un despilfarro económico y de personal, porque lo que las comunidades autónomas invierten en formación luego se pierde cuando se van esos trabajadores", explicó.

Además, en opinión del viceconsejero vasco esta solución "facilitaría la gestión de las OPE y su tiempo de resolución", que es "uno de los problemas más urgentes". Según él, "el Gobierno Vasco no está por la labor de aprovechar esta reforma de organización para que (todo se quede en) un traslado de oficinas pequeñas a espacios más amplios".

"El problema de la organización del trabajo no es ése, sino hacer que sea más funcional, que haya unidades de refuerzo, que se vaya a órganos funcionales de verdadera gestión de personal y no que se reforme para trasladar espacialmente a servicios cerrados orgánicamente", consideró.

Así, el País Vasco apostará por hacer del "director de servicios un verdadero jefe de personal" que cuente con mecanismos "comunes en todas las jurisdicciones". "Si no, no funcionará. Habrá más personal pero la Justicia no será más ágil ni se conseguirá disminuir la interinidad", apostilló.

FOMENTAR LA JUSTICIA DE PAZ

Con respecto a la Justicia de Paz, cuya competencia tienen los ayuntamientos, Fínez se mostró "preocupado" porque sólo se limite a tramitar "sortos, citaciones, emplazamientos y comunicaciones judiciales" cuando "el 40 por ciento de los asuntos que llegan ante los jueces son de propiedades horizontales, cobro de morosos, arbitrajes en los que una de las partes no autoriza, valoraciones económicas de daños con las aseguradoras" y asuntos parecidos que colapsan la Justicia.

"El ámbito de competencias (de los juzgados de Paz) es escaso, pero pueden cooperar de manera efectiva en resolver pequeños conflictos si los dotamos de recursos", recomendó.

Así, pidió que se "clarifiquen" las competencias de estos juzgados, que se "forme adecuadamente a los jueces de paz" y que "se sensibilice a los jueces de que devuelvan (a los de Paz) asuntos para que se puedan convertir en órganos de apoyo".

"Hay que potenciar un sistema claro, unificado y fundamentado de mediación interjudicial para que los jueces sólo tengan que homologar las liquidaciones y se les descargue de otros asuntos, porque eso profundiza en la raíz democrática de la justicia y pacifica socialmente, porque un acuerdo (en un Juzgado de Paz) siempre es mejor y más ejecutable que una solución impuesta a las partes por un juez", zanjó.

QUE CONTROLE EL QUE PAGA

Por otra parte, Fínez consideró "muy grave" e "insostenible" la legislación de la Justicia gratuita de 1996. "No puede ser que haya una disparidad entre quien paga y quien controla, hay que unificar la gestión de la Justicia. Las comunidades autónomas pagan y no controlan el servicio prestado, y eso es insostenible sobre todo si queremos introducir criterios de calidad", insistió.

A su juicio, "hay que ver cómo prestar esos servicios para ser más eficaz en la atención al ciudadano, y desglosar qué cosas se pueden atender de manera gratuita y cuáles no". "Se pueden fomentar los mecanismos para discriminar en función de las necesidades económicas de las partes", propuso.

Con respecto a la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el viceconsejero vasco reconoció que en Euskadi este ámbito "está en buena disposición" gracias "al buen trabajo y los grandes progresos realizados por los gobiernos anteriores".

En cualquier caso, pidió al Ministerio que "no desaproveche los siete años que se lleva trabajando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Test de Compatibilidad" y consideró fundamental conseguir solucionar "los problemas de comunicación entre los órganos de todas las administraciones competentes".