BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Interior del Gobierno vasco aseguró hoy que la sentencia del TS que anula el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias aprobado por el Consejo de Ministros evidencia que este organismo se puso en marcha de manera "precipitada e improvisada".
En un comunicado, Interior se refirió a la decisión del TS que admite el recurso interpuesto por el Ejecutivo autonómico porque no se contó con los informes preceptivos de la Comisión Nacional de Protección Civil y el Consejo de Estado.
El Gobierno vasco señaló que, por lo tanto, se "paraliza" el desarrollo de la Unidad Militar de Emergencias, fuerza conjunta creada el 7 de octubre de 2005 por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero para intervenir ante catástrofes, inundaciones, incendios y otras situaciones de emergencia en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo autónomo entendió que era una "clara invasión de competencias" e interpuso el 29 de noviembre del pasado año un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 399/2007 de 23 de marzo que regula el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
El Gobierno vasco indicó que el recurso alegó razones tanto formales como competenciales contra el citado decreto y destacó que la sentencia del TS de 4 de noviembre de 2008 "asume los argumentos del Gobierno vasco y declara nulo de pleno derecho el Decreto en cuya tramitación se habrían incumplido trámites preceptivos como el informe de la Comisión Nacional de Protección Civil y el informe del Consejo de Estado".
Interior aseguró que la paralización del desarrollo de la Unidad Militar de Emergencias supone "un afianzamiento de las tesis defendidas por la Administración vasca en la línea de considerar que los cometidos asignados a dicho órgano militar invaden claramente las competencias exclusivas del Gobierno vasco en materia de atención de emergencias".
Además, señaló que evidencia "una puesta en marcha de este organismo precipitada e improvisada, hasta el punto de no cumplimentar trámites legales esenciales, entre ellos, y de manera destacada el de dar audiencia a las comunidades autónomas, las cuales tienen competencias concurrentes en materia de protección civil".
Por último, Interior recordó que el Partido Popular del País Vasco exigió en su momento al Gobierno vasco, mediante una iniciativa parlamentaria, la retirada del recurso.