Actualizado 20/05/2014 13:54 CET

Gobierno vasco prepara un nuevo recurso contra la Administración central por vulneración de competencias

Josu Erkoreka
EUROPA PRESS

Considera que una ley estatal sobre trabajo a tiempo parcial se "extralimita" en su regulación

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha aprobado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley estatal para la protección de trabajadores a tiempo parcial, al considerar que ésta "vulnera" las competencias de Euskadi en materia de Seguridad Social. El recurso, no obstante, podría evitarse si ambas administraciones --que mantienen abiertas discrepancias competenciales por otras tres leyes-- alcanzan un acuerdo en la Comisión Bilateral, el órgano en el que se resuelven este tipo de contenciosos.

La decisión ha sido dada a conocer por el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, al término del habitual Consejo de Gobierno de los martes.

El Gobierno autonómico, tal y como ha explicado Erkoreka, entiende que parte de los artículos 7 y 8 de la 'Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social' "vulnera las competencias" de Euskadi en materia de Seguridad Social.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco estiman que algunas de las modificaciones realizadas por el Gobierno central, en cuanto al proceso sancionador a los beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo que cometan ciertas infracciones leves, atentan contra las competencias que Euskadi tiene atribuidas en materia de Seguridad Social y que están recogidas en el Artículo 18 del Estatuto de Gernika.

A través de esta ley, tal y como se argumenta desde el gabinete de Iñigo Urkullu, "el Gobierno español, a través del Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina, se arroga en exclusiva la capacidad de iniciar y desarrollar" determinados procedimientos sancionadores.

"EXTRALIMITACIÓN"

En concreto, esta situación se produciría en los casos en los que alguna de las personas beneficiarias de prestación o subsidio por desempleo, al terminar su contrato a tiempo parcial, no renueve su demanda de empleo sin causa justificada.

El Gobierno autonómico entiende que "la norma se extralimita en su regulación y relega" al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a la condición de "mero comunicador de la infracción, sin ninguna capacidad para iniciar o instruir el proceso sancionador". Todo ello, "en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional".

Lo mismo ocurre, a juicio del Gobierno autonómico, cuando las personas beneficiarias de prestaciones o subsidios por desempleo cometan infracciones leves, como la de no facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de las notificaciones y comunicaciones.

NEGOCIACIÓN BILATERAL

El Ejecutivo vasco, tal y como establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, propondrá, de manera previa a la interposición del recurso, resolver esta cuestión a través de la negociación, durante un plazo de seis meses, en la 'Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco'.

Las administraciones central y autonómica ya están negociando otras tres leyes en este organismo: Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), Ley de Evaluación Ambiental y Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

Erkoreka ha destacado que esta vía de resolución de conflictos competenciales está resultando "fructífera". Tal y como ha indicado, desde la llegada del PNV al Gobierno vasco, en la presente legislatura se han alcanzado siete acuerdos en esta comisión.

Los acuerdos se refieren a las siguientes normas: Real Decreto de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo (Acuerdo parcial), Real Decreto-ley en materia de salud, (Acuerdo parcial), Ley Vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas Transexuales, Ley Vasca contra el Dopaje, Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi, Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

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