El 'Compromiso Batera' pretende abrir "una nueva etapa" que ayude a la "unión" entre damnificados y sociedad
VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco ampliará la representación de las víctimas en el Consejo Vasco de Participación de los damnificados por el terrorismo, con el fin de promover una implicación "más directa" de este colectivo en la construcción de la convivencia en Euskadi, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka.
El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha presentado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, el 'Compromiso Batera', un documento que, sobre la base de las políticas de víctimas desarrolladas en los últimos años, pretende abrir "una nueva etapa que promueva la unión entre víctimas y sociedad para construir la convivencia".
Este texto se ha elaborado desde el convencimiento de que Euskadi, tras el cese definitivo del terrorismo anunciado por ETA en 2011, "se encuentra en el momento propicio para valorar lo realizado y reflexionar sobre el futuro".
Erkoreka ha explicado que el 'Compromiso Batera' "se sitúa entre la continuidad de las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas llevadas a cabo hasta la fecha y la renovación de las mismas". El objetivo es "abrir una nueva etapa, de modo que las políticas de víctimas miren, además de al pasado, también al futuro, promoviendo su papel en la construcción de la convivencia".
En la documentación sobre este proyecto aportada por el Ejecutivo se constata que existen factores "que alejan o que acercan a las víctimas y la sociedad". El Gobierno considera que las políticas públicas "pueden aumentar, reducir o eliminar esa distancia".
"INTERACCIÓN"
El gabinete de Iñigo Urkullu pretende que todas las actuaciones en materia de victimas se guíen por el objetivo de "promover la interacción, confluencia y unión entre víctimas y sociedad". Con ese objetivo, Erkoreka ha explicado que se incrementará la representación de los damnificados en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo.
Además, el Ejecutivo ampliará el "abanico" de agentes sociales que participan en este foro, integrado por administraciones públicas y colectivos de víctimas, entre otros organismos.
El 'Compromiso Batera' se ha elaborado a partir del encuentro celebrado el 5 de junio por Urkullu con damnificados por el terrorismo. El proyecto pretende afrontar los retos existentes en materia de víctimas, sociedad, futuro y convivencia. El Ejecutivo ha destacado la necesidad de que en este objetivo se impliquen instituciones, partidos políticos, medios de comunicación agentes sociales, víctimas y ciudadanía.
TRES PRINCIPIOS
Batera plantea una reflexión basada en los principios de autenticidad, sinceridad e igualdad. El Gobierno subraya la necesidad de que las instituciones "asuman la autocrítica" por haber "llegado tarde a la causa de las víctimas". "En los años siguientes, a menudo, las divisiones políticas desdibujaron la unidad en la solidaridad y el rechazo a la violencia", añade el Ejecutivo.
El Gobierno vasco considera que, pese a haber "pedido perdón" por esta forma de actuar "a las víctimas de la violencia y de todos los terrorismos", debió "reaccionar antes y hacerlo mejor".
El gabinete de Urkullu pretende "definir con claridad el mínimo ético". "El final de ETA no puede suponer pasar página sin crítica explícita sobre lo sucedido. Las políticas de memoria implican reconocer que toda forma de violencia o terrorismo, y por lo tanto, la violencia y terrorismo de ETA fue una injusticia", subraya el documento.
"MEMORIA Y HONOR"
A través de 'Batera', el Gobierno se compromete a que "la memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que se olvida del pasado".
Por otra parte, el Ejecutivo asume que las políticas de víctimas "se seguirán orientando al cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación". El cumplimiento de esta orientación se desarrollará "bajo el principio de igualdad de derechos de las víctimas, sea cuál sea el signo de la violencia sufrida".
El Gobierno autonómico ha rechazado la discriminación entre víctimas y se compromete a "rechazar y combatir cualquier pretensión justificadora de la existencia de unas víctimas por otras".
