Gobierno vasco recurre la admisión de la querella contra Ibarretxe porque "pone en peligro todo el sistema político"

VITORIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco presentó hoy un recurso contra el auto de admisión a trámite del Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) de la querella contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con Batasuna. El tripartito alega que la decisión del TSJPV "impide" que el presidente pueda desarrollar la opción política que representa y "pone en peligro todo el sistema político, ya que nadie podrá entrevistarse con una parte de esta sociedad".

El contenido del recurso de los servicios jurídicos del Ejecutivo, que reclama el archivo de la querella, fue dado a conocer por la portavoz del tripartito, Miren Azkarate, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, en el que se aprobó un acuerdo para "avalar" este tipo de reuniones ante los "nuevos encuentros de similar naturaleza" que se avecinan.

En la impugnación se indica que los hechos que se imputan a Ibarretxe en la querella del Foro de Ermua "se ubican en el ámbito de las funciones públicas que le atribuye al lehendakari el ordenamiento jurídico", por lo que "forman parte inseparable de la actividad necesaria para ejercer la dirección política del Gobierno y de la sociedad vasca".

"VIA PENAL ILEGITIMA"

Por ese motivo, el Ejecutivo estima que "constituyen actos políticos de cuya responsabilidad se rinde cuentas ante el Parlamento Vasco y no ante órganos jurisdiccionales en una vía penal ilegítimamente utilizada".

El recurso subraya que el Tribunal Constitucional "ha reiterado que no puede ser constitutivo de infracción penal el ejercicio legítimo de un derecho fundamental", y considera que la decisión del TSJPV "ha puesto 'en solfa' el contenido de un derecho de libertad que pertenece al lehendakari".

Según los servicios jurídicos del Gobierno, ese derecho de libertad "se concreta en poder ofrecer a la ciudadanía vasca, sin interferencias o intromisiones, los análisis de la realidad social, económica o política y las propuestas para su transformación que se consideren oportunas".

En la misma línea, el tripartito cree que el auto judicial "impide" que el presidente pueda "desarrollar la opción política y el programa que la ciudadanía vasca ha elegido libremente". Asimismo, entiende que la admisión a trámite de la querella "puede constituir una amenaza indirecta para el conjunto del sistema democrático", puesto que "pone en peligro todo el sistema político, ya que nadie podrá entrevistarse con una parte de esta sociedad".

TRIBUNAL EUROPEO

El recurso apela también a la "doctrina clara" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y subraya que el auto "ha obviado algo tan importante como que dicho Tribunal ha dicho que se vulnera el derecho a la libertad de expresión cuando se impide a los representantes políticos el debate y el diálogo público sobre los asuntos de importancia para la sociedad".

También se recurre a la Constitución española para indicar que la decisión del Tribunal Superior "provoca una infracción consumada del derecho fundamental del artículo 23.1" de la Carta Magna, ya que "restringe el derecho del lehendakari a ejercer el cargo y desempeñar las funciones atribuidas al mismo sin sufrir perturbaciones ilegítimas, pues hace imposible o dificulta gravemente que pueda ejercer su función representativa con libertad y autonomía".

Otro de los argumentos del recurso alude al artículo 3.1 del Código Civil. En este caso, los servicios jurídicos del Ejecutivo indican que "las leyes, y la penal no es ninguna excepción, deben aplicarse con arreglo a la realidad social vigente y a su propio espíritu".

Así, se alude a la situación creada a raíz del alto el fuego de ETA al afirmar que "vivimos un contexto social en el que todos nos sentimos compelidos y motivados a facilitar el camino de la paz".

Por otra parte, el recurso establece que "dialogar es hacer política y de ninguna manera puede ser delinquir" y señala que los hechos "no tienen encaje jurídico en los tipos delictivos recogidos y admitidos por la Sala en su Auto".

Según los servicios jurídicos del tripartito, en la querella del Foro de Ermua "faltan los dos elementos principales, como son la verosimilitud y la apariencia delictiva", por lo que el TSJPV "debió apreciar" que la querella es "insostenible e irrazonable".

El hecho de que los interlocutores de Ibarretxe, entre ellos el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, no tengan suprimidos sus derechos fundamentales, a pesar de la ilegalización de la formación de la izquierda abertzale, constituye otro de los ejes de la argumentación del Gobierno.

LIDERES CON "PESO ESPECIFICO"

Así, se indica que "la reunión del lehendakari se produjo con personas que no tienen en absoluto suprimidos sus derechos fundamentales". Además, se afirma que se trata de "líderes con peso específico en su espectro sociológico", de modo que "excluirles como interlocutores del lehendakari constituiría una restricción ilegítima de derechos, desconectándolos de manera muy peligrosa de la realidad social que nos toca vivir".

En el alegato que pone fin al recurso, el Ejecutivo advierte de que "judicializar la búsqueda de la paz" es "el peor de los caminos posibles si tenemos en cuenta que lo que está en juego es el beneficio colectivo de una convivencia en paz y libertad".

Además, se considera que la consecución de ese objetivo requiere "pasos políticos y sociales que fortalezcan un proceso de paz compartido y asumido por todos".

Por otra parte, el Consejo de Gobierno alcanzó hoy un acuerdo en el que manifiesta que el Ejecutivo "en pleno" tuvo conocimiento del encuentro de Ibarretxe con Batasuna y participó en las deliberaciones que dieron lugar a las reuniones de Ibarretxe "con miembros de la izquierda abertzale".

Además, asume como "propios" los postulados mantenidos por el presidente "en todas y cada una de las reuniones de esta naturaleza que han tenido lugar", ya que entiende que "el diálogo con todas las posiciones políticas es imprescindible en el camino conducente a la paz y la normalización política en Euskadi".

Finalmente, muestra su "aval" a este tipo de contactos, puesto que "en el futuro se van a producir nuevos encuentros de similar naturaleza al que ha motivado la presentación y admisión a trámite de la querella".

El acuerdo concluye afirmando que "ninguna querella puede condicionar y, mucho menos, anular espacios de diálogo político imprescindibles para la búsqueda de la paz, la reconciliación y la normalización política en nuestro país"