El Gobierno ve "receptividad" en CiU, PNV y UPyD para negociar el plan de regeneración democrática

EUROPA PRESS

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mariano Rajoy ve "receptividad" en los grupos parlamentarios de CiU, PNV y UPyD para negociar el paquete de regeneración democrática que persigue mejorar la lucha contra la corrupción. Además, espera que los socialistas designen un interlocutor y se sienten a dialogar para llegar a acuerdos, según han informado fuentes del Ejecutivo.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de septiembre un informe con 40 medidas de regeneración divididas en tres grandes bloques: uno relativo a la regulación de la actividad-económica financiera de los partidos; otro centrado en una mejor regulación de las funciones y ejercicio de los cargos públicos; y un tercero con medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, contactó telefónicamente con los grupos para informales de este plan, ya que, según dijo, el objetivo del Ejecutivo es cosechar el máximo consenso posible.

Como ya ocurrió con la Ley de Transparencia --en tramitación en este momento en el Senado--, Sáenz de Santamaría ha delegado en el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, las negociaciones con los grupos parlamentarios.

Por lo pronto, Ayllón ya se ha sentado con los nacionalistas catalanes y vascos, así como con el partido de Rosa Díez. En las tres formaciones ha encontrado "receptividad" al paquete normativo y ya han hecho llegar al Gobierno algunas de sus sugerencias y propuestas, según fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo espera que el PSOE designe un interlocutor en esta materia y también se siente a negociar para acordar este paquete normativo. Desde el Gobierno confían en poder llegar a acuerdos con los socialistas y esperan que no suceda como con la Ley de Transparencia, donde después de negociar muchos artículos de la norma, el Grupo Socialista votó en contra en el Congreso.

DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS

En el apartado relativo a reformas de tipo penal y procesal, Sáenz de Santamaría explicó en septiembre que el Gobierno quiere incluir un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos. Con el objetivo de buscar el máximo consenso con los partidos, ni siquiera se incluyó en la reforma del Código Penal que el Gobierno remitió hace un par de semanas al Congreso.

En el bloque relativo a más control de los partidos, el Gobierno plantea la regulación de la figura de los responsables de las cuentas de los partidos o tesoreros, que tendrán que comparecer anualmente en el Parlamento; obligatoriedad de todos los partidos de remitir las cuentas al Tribunal de Cuentas; y publicación en la cuenta de ingresos de los partidos las subvenciones o donaciones que superen la cuantía prevista en la ley.

Dentro de este capítulo se propone también que en los Estatutos de los partidos haya un procedimiento tasado para la aprobación de las cuentas; la fijación de directrices de contratación por parte de los partido; o la inscripción obligatoria en el registro de partidos de las fundaciones o entidades vinculadas con ellos, reforzando los mecanismos de control sobre esas fundaciones.

EJERCICIO DEL CARGO PÚBLICO

En el bloque relativo a la funciones de cargo público, el Ejecutivo quiere clarificar esas funciones. En concreto, la nueva ley definirá qué cargos están sujetos a la norma y apostará por que en cada presupuesto se conozca el montante de sus retribuciones en sus cuantías máximas.

También se clarificará por ley que los altos cargos contribuyen al régimen de protección social que le corresponde, como la mutualidad de funcionarios. Una de las principales novedades es que la norma regulará los gastos de representación, algo que ahora se hace a través de una orden ministerial.

En este capítulo, Sáenz de Santamaría ya explicó que los gastos reembolsables "serán siempre con presentación de los justificantes". Así, dijo que se prohibirá el uso de las tarjetas de crédito en los ministerios.