SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) Javier Gómez Bermúdez ha exigido este jueves la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula las competencias de esta instancia judicial, y ha reclamado "competencia plena" para el tribunal en materia de tráfico ilegal de personas, terrorismo y delitos que atenten contra el patrimonio histórico-artístico.
Así, durante una mesa en la que ha participado, enmarcada en los Cursos de Verano 2010, que organiza la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Gómez Bermúdez ha expresado que, a su juicio, el Parlamento acaba de dejar pasar una "magnifica" oportunidad de modificar el artículo 65 de la LOPJ, que recoge las competencias de la Audiencia Nacional.
En este sentido, ha criticado que dicho artículo no recoge las competencias en materia de terrorismo que tiene el tribunal y ha demandado que, en relación con la gran delincuencia económica, se definan qué delitos son de su competencia.
Además, ha recalcado la necesidad, en su opinión, de clarificar la terminología del artículo 65 y ha hecho hincapié en la importancia de que se le atribuya a la AN "competencia plena" en materia de tráfico ilegal de personas y de delitos contra el patrimonio histórico-artístico para actuar de manera más "eficaz", ya que España es el país que menos protege esté ámbito debido a la "fragmentación jurisdiccional" existente.
CURSOS DE RECICLAJE PARA SUS JUECES
Por otra parte, ha abogado por la especialización de los magistrados de la Audiencia Nacional y ha defendido la implantación de cursos de especialización de no menos de seis meses, que el magistrado cursaría en su juzgado de origen y así, una vez superado, el candidato accedería a la plaza vacante. Según Gómez Bermúdez los actualmente destinados en la sala que él preside deberían hacer cursos de "puesta al día" en materia de "terrorismo", "criminalidad organizada" y "gran delincuencia económica".
Finalmente, ha defendido la utilización de las videoconferencias durante los juicios ya que España cuenta "con territorios insulares" y ha dicho que no encuentra "justificación" para el poco uso que de ellas se hace. Gómez Bermúdez cree que el uso de esta tecnología reduce costes y ha aclarado que en la AN se sirven, de manera habitual, de esta tecnología para declaraciones de testigos y peritos porque supone un "ahorro enorme".
