El Govern aprueba la Ley de Educación de Catalunya agradeciendo a CiU su "responsabilidad"

Actualizado 29/07/2008 16:59:38 CET
Actualizado 29/07/2008 16:59:38 CET

El Govern aprueba la Ley de Educación de Catalunya agradeciendo a CiU su "responsabilidad"

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   BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

   El Govern aprobó hoy el anteproyecto de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que tiene como finalidad dar personalidad al "sistema educativo propio" catalán, declaró el conseller de Educación, Ernest Maragall.

   El texto se aprueba sin el apoyo de ICV-EUiA --socio del PSC e ERC en la Generalitat--. mientras que el conseller agradeció a CiU su "responsabilidad" y "participación" ante el texto, que ahora tendrá que abordarse en debate parlamentario.

   En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Maragall agradeció "específicamente" a la federación nacionalista su "responsabilidad, participación y aportación" al proyecto. Manifestó que el Govern ha tenido contactos con los otros dos partidos de la oposición, el PP catalán y C's, aunque estas conversaciones se han dado "muy especialmente" con la formación liderada por Artur Mas.

   Entre las novedades del texto, destaca que finalmente la educación de 3 a 6 años --la infantil-- no es obligatoria, aunque sí que los poderes públicos garantizarán oferta en esta etapa. Además, se garantiza el ideario de los centros de titularidad concertada, se da más poder a los Ayuntamientos en educación, y al mismo tiempo, se blinda el catalán como lengua "normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje" en la escuela, lo que garantiza la inmersión lingüística, algo que se ha hecho a propuesta de ERC.

   "DE INTERÉS PÚBLICO"

   La ley define un modelo educativo "de interés público" de acuerdo con el artículo 21 del Estatut, que engloba centros públicos y privados sostenidos total o parcialmente con recursos públicos y regula el Servicio de Educación de Catalunya para garantizar el acceso a una educación "de calidad y en condiciones de igualdad en las enseñanzas obligatorios y en los declarados gratuitos".

   En un principio, en vez de utilizar la expresión "de interés público", se propuso la de "servicio público educativo", algo que según la comunidad educativa perpetúa la existencia de una doble red --entre centros públicos y privados concertados--, lo que hoy negó el conseller.

   Además, los centros concertados tienen "derecho al ideario propio" y la ley les da "claridad a la participación" de los centros concertados para que puedan tener "presencia y voz" en la educación catalana.

   Maragall aseguró que se ha decidido establecer esta definición para "satisfacer tanto a la afirmación explícita del Pacto Nacional de Educación (PNE) como la voluntad del Govern de avanzar hacia la aparición con plenitud de un modelo educativo propio". Reconoció que el cambio puede dar lugar a un debate pero afirmó que la ley "resuelve perfectamente" ese debate.

   "Estamos en condiciones de hablar de modelo educativo propio, en el sentido de responder a una concepción integral y hacer complementarias los activos y el sector público y concertado. De superar una tradicional y enquistada coexistencia", declaró.

   SEXTA HORA Y AUTONOMÍA

   Los criterios básicos que rigen ese sistema son la libre elección de centro por parte de los padres, la escolarización "equitativa", la de cinco horas lectivas, no incluyendo por lo tanto la sexta hora que quedaría incluida en "contratos programa voluntarios" entre la Generalitat y las escuelas que la ofertan.

   Otra de las principales aportaciones es la autonomía de centros, mediante la cual la Conselleria será la encargada de fijar el currículum y el centro educativo será el encargado de fijar su propio proyecto y método de aplicación de ese currículum, por lo que también tendrán "posibilidad de gestionar" los recursos económicos para adaptarlos a sus proyectos.

   La dirección del centro se convierte en "autoridad pública" y se crea la Agencia de Avaluación de la Educación, que se encargará de avaluar que el currículum elaborado por la Conselleria se cumple en cada uno de los centros catalanes. Los consejos escolares de cada centro también deberán aprobar el proyecto educativo del centro y realizar el seguimiento de su ejecución.

   Por otro lado, se refuerza la figura de los profesores creando los cuerpos docentes de la Generalitat, cuyo acceso se regulará mediante oposiciones propias y que incluirá requisitos lingüísticos y de uso de nuevas tecnologías. La ley establece un período de cuatro años para que los sueldos de los profesores del sector concertado se homologuen a los del sector público.

   Sobre financiación, Maragall destacó que la aplicación de la LEC debe suponer al consecución progresiva de 1.500 millones adicionales anuales de aquí a ocho años, cuando se prevé que su aplicación sea plena.

   CRÍTICAS DEL SECTOR E ICV-EUiA

   La comunidad educativa en todas sus vertientes -profesores, sindicatos, alumnos-- han mostrado su oposición a la LEC durante todo su proceso por diversos motivos, por lo que presentaron numerosas alegaciones al anteproyecto. Maragall definió esta situación como un proceso "ejemplar, que no quiere decir fácil sino real" y agradeció a todos ellos sus aportaciones.

   "El país se ha implicado en el debate, ha recibido felizmente la aportación, la exigencia, el criterio del conjunto de la sociedad", declaró el conseller, que aseguró que tienen a "el país detrás atento, vigilando, impulsando".

   Uno de los socios del Govern, ICV-EUiA, también mostró sus reticencias a la ley y anunció que presentará enmiendas. Maragall explicó que durante la reunión del Consell de Govern la formación ecosocialista hizo una "explícita manifestación de reservas", que afirmó que no se expusieron claramente cuáles son, con lo que sus reticencias se manifestarán en el proceso de debate y aprobación parlamentaria que ahora empieza.

   Maragall deseó conseguir un "consenso social" para aprobar una Ley de Educación "ambiciosa que quiere ser del país" y añadió que en el curso 2009-2010 su vigencia "tendría que ser plena".