MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analizar los teléfonos de Juan Manuel Serrano, quien fue jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también presidente de Correos, así como de varias trabajadoras del PSOE, entre ellas la gerente del partido, imputada en la causa.
Así consta en un informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha remitido a Pedraz, que investiga supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE supuestamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
La UCO solicita al magistrado la autorización para "el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio" del teléfono de Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez de 2014 a 2018 y presidió Correos entre ese último año y 2023.
También pide lo mismo sobre el de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, así como los de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, trabajadoras del partido, y el del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, también imputado en esta causa.
La UCO argumenta que en los dispositivos móviles, ya intervenidos, de estas cinco personas podría encontrarse información sobre los hechos y, por tanto, considera que son objeto de "especial trascendencia para el esclarecimiento" de los mismos, ya que existen evidencias de que todo ellos "habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas".
La Guardia Civil apunta en su informe a que la contratación "estratégica" de la exmilitante socialista en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Serrano y también ve indicios de su participación en la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales.
GESTIONES PARA LA SUPUESTA TRAMA
Asimismo, señala que Fuentes, como directora gerente federal del partido, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, que representó como letrado al exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijedo, letrado de Cerdán.
"Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", explica la UCO.
San Pedro y Rodríguez, secretarias y administrativas del PSOE, habrían dado apoyo logístico a la actividad del grupo, según sostiene la UCO, que señala que habrían llevado a cabo la "gestión y la coordinación de viajes de determinados miembros de la organización" y habrían llevado a cabo "gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones" por parte de la presunta trama.
Además, la Guardia Civil destaca que Yepes, que estuvo destinado en la UCO hasta 2022, se reunió con la exmilitante socialista para que aportara "información útil para la supuesta organización, ofreciéndosele como contrapartida la protección en el ámbito de la causa penal referida al fraude de hidrocarburos en la que estaba siendo investigado".
Los agentes añaden que, guiado por las preguntas de Díez, el capitán aportó información sobre la estructura de la UCO, sus miembros, o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción", Antonio Balas.
"No debe minusvalorarse la información aportada por Yepes acerca del referido teniente coronel, ya que señaló a este funcionario policial como objetivo prioritario de la presunta organización criminal", apostilla.