MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) - La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007, si bien no concreta la fecha de esos encuentros ni el papel que ella desempeñó. Así lo concluye la UCO en un informe, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que dice que tiene "constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo" en las que "se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación" a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, "entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre", el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado. Apuntala su tesis con la declaración que el exconsejero de Sanidad de la comunidad Manuel Lamela prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo "la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad, la presidenta, la Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y Daniel Horacio Mercado, "donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su Asesor Técnico, Germán Rasilla". Según el informe de la UCO, este "supuesto trato de favor" hacia Over Marketing y otras empresas de Daniel Horacio Mercado desde la Comunidad de Madrid tiene su origen en los trabajos que éste realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007. Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que "tuvieron un coste de 151.503,35 euros", sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios. "De igual forma, analizada la documentación relacionada con la fiscalización efectuada por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre las elecciones a la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, no se asigna cantidad alguna como proveedor del Partido Popular a las empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, por lo que no se declararon como gastos electorales eludiendo así su fiscalización", concluye la UCO. Así, todos los elementos de prueba que han analizado los investigadores acreditan que el PP de Madrid "no pagó los trabajos realizados en el mes de marzo de 2007, antes del inicio de la campaña electoral, por importe de 151.503,35 euros, y tampoco los trabajos realizados por las empresas de Mercado en el marco de la propia campaña, en mayo de aquel año, por importe de "88.708,68 euros". "Estos trabajos no fueron facturados por Over Marketing al Partido Popular de Madrid y, a juicio policial, se podrían haber compensado con la elevada concesión de contratos públicos adjudicados a las sociedades de Daniel Horacio Mercado. Según la información facilitada por el director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, sus distintas unidades y organismos autónomos realizaron pagos a las empresas de Mercado por un importe de 7.459.217,62 euros", explica la UCO. Por otro lado, Mercado involucró directamente en su declaración en sede judicial a Francisco Granados e Ignacio González como las personas que habrían dado instrucciones al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, para que los trabajos que las empresas hiciesen para la campaña de 2007, se pagaran con dinero en B y mediante la adjudicación de contratos públicos. EMPRESAS BIEN VISTAS PARA LAS LICITACIONES Según declaró Mercado ante el juez instructor Manuel García Castellón el pasado mes de diciembre, las reuniones que él mantuvo con González y Granados servían para abordar "aspectos estratégicos" y no "la forma de pago", y en ellas quedaba constancia de que sus empresas estaban "bien vistas para las licitaciones". Pero sobre Aguirre, el empresario no dejó del todo claro en su declaración el papel que jugó la expresidenta en esos amaños de contratos públicos y que "nunca" habló con ella del pago de los trabajos, aunque sí aseguró que se había reunido "muchas" veces con ella: "Yo tuve reuniones con Esperanza Aguirre muchas, pero que ella me diga a mí o a la gente que esté conmigo de que me va a dar una campaña o así, no, no lo recuerdo. Sí es verdad que en los temas de creatividad ella opinaba mucho, participé en muchas reuniones con ella, no era una persona que no se involucraba". Mientras que no terminó de definir el papel de Aguirre, Mercado sí confirmó que Granados, González, Gutiérrez y también el exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo eran los que sí sabían que sus empresas no iban a facturar los trabajos de las campañas electorales y que éstos se compensarían con adjudicaciones públicas. IRREGULARIDADES EN DISTINTAS FASES DE LA ADJUDICACIÓN Estos contratos muestran "irregularidades en las distintas fases de los procedimientos", conforme detalla la Guardia Civil, que expone servicios cuyo coste real estaba por debajo del facturado al Gobierno regional o que se cobraron sin haberse realizado, en un "desvío de fondos públicos" que, expone, "no es posible con el solo concurso del empresario, sino que debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades y funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid". Destaca el contrato para la casa de Madrid en Argentina, inaugurada en marzo de 2007 por Granados y la entonces concejal de Empleo del Ayuntamiento de Madrid Ana Botella en Buenos Aires, con un evento organizado por Over Marketing y que cobró a la Consejería de Presidencia en cinco facturas menores con un sobrecoste de más de 19.000 euros. Aquel año, la Fundación Arpegio que presidía Granados firmó un convenio de patrocinio con la Casa de Madrid en Argentina por importe de 142.000 euros, pero la Guardia Civil deduce de la documentación intervenida que esos fondos públicos "se habrían desviado hacia Over Marketing en un procedimiento plagado de irregularidades y utilizando la figura del convenio para así evitar la fiscalización de los fondos". Tal es así, que "ocho meses antes" de firmarse el convenio y transferirse el dinero, una sociedad vinculada a Mercado emitió tres facturas por 142.000 euros "con el concepto 'por la realización de vuestra cuenta y orden, por la reforma del local de la Comunidad de Madrid en Argentina en concepto de adelanto', evidenciando que eran conocedores de que ocho meses más tarde, serían beneficiados por el citado Convenio de Patrocinio".
