Responden así al presidente de la asociación y le acusan de buscar beneficios personales a costa de su situación
MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los quince guardias civiles imputados en la causa por presuntas torturas a los dos etarras acusados de volar la T4, Igor Portu y Mattin Sarasola, han firmado una carta a la que ha tenido acceso Europa Press en la que piden a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que se abstenga de hacer declaraciones sobre su caso y argumentan que ya sienten suficiente apoyo por parte de las autoridades y sus compañeros.
"Los guardias civiles imputados gozamos del completo apoyo de las autoridades políticas del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y de la totalidad de nuestra escala jerárquica de mando, amén del apoyo moral y solidaridad de muchos de nuestros compañeros, que a título individual así nos lo han hecho saber, no así de la asociación de que usted es secretario general", dice la carta que ha sido dirigida al responsable de la asociación Alberto Moya.
De este modo, los guardias civiles imputados salen al paso de unas declaraciones de apoyo del propio Moya, que el pasado 26 de octubre, aseguraba dar crédito a las declaraciones de los agentes en el juicio y pedía a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil información sobre cómo se ha llevado la defensa de los agentes.
"Bajo nuestro punto de vista el desarrollo de nuestra defensa en el caso que nos ocupa ha sido totalmente correcto y profesional", contestan ahora los 15 guardias civiles al tiempo que le piden a Moya "que se abstenga de realizar ningún tipo de acto publicitario en beneficio de sus intereses ni de iniciativa jurídica que la única virtualidad que tendría sería la de perjudicarnos".
LOS ABAJO FIRMANTES
La misiva está fechada el pasado día 27 en San Sebastián y la secundan los guardias civiles de diferentes empleos y escalas imputados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (dos capitanes, un sargento, seis cabo 1º y seis guardias civiles).
El juicio sobre este presunto episodio de torturas quedó visto para sentencia el pasado 28 de octubre. La fiscalía pide entre dos y tres años de prisión para cuatro agentes y la acusación de un delito de lesiones para otros seis mientras que la acusación particular mantiene su petición de entre 6 y 17 años de prisión para todos los agentes. La defensa reclama su absolución.
