Guerra desiste de convocar este mes la ponencia de la Ley de Memoria Histórica por falta de acuerdo entre los grupos

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ha desistido finalmente de convocar la próxima semana la ponencia encargada de discutir las enmiendas presentadas a la conocida como Ley de Memoria Histórica, tras constatar que aún no hay suficiente acuerdo entre los grupos, informaron a Europa Press parlamentarias.

Inicialmente se había barajado la posibilidad de aprovechar la última semana hábil de este periodo de sesiones para abrir el debate de las enmiendas, con la idea de continuar la tramitación en comisión en septiembre e incluso aprobarla en Pleno ese mismo mes, para su remisión al Senado.

Pero, una vez sondedos los grupos parlamentarios, se ha optado por dejar todo este proceso para después del verano. Así las cosas, el Gobierno podría aprovechar el mes de julio para intentar atraerse el apoyo de IU-ICV y los nacionalistas, fundamental para que la ley vea la luz antes de la disolución de las Cortes.

El proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura entró en el Congreso hace casi un año, en julio de 2006, pero no comenzó a debatirse hasta el mes de diciembre.

Tras el debate de totalidad, en el que se rechazaron las enmiendas planteadas por PP, ERC e IU-ICV, se fueron sucediendo las prórrogas de los plazos para la presentación de las enmiendas parciales hasta marzo de este año.

ACUERDO SOBRE JUICIOS.

A esas alturas, ERC e IU-ICV mantenían su rechazo al texto, principalmente porque no recogía la anulación de los juicios políticos de la dictadura, pero finalmente los socialistas y el grupo parlamentario que preside Gaspar Llamazares sellaron un acuerdo que permitió desbloquear el proyecto declarando "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las dictaron.

El pacto entre estas formaciones se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal, que será entregado por el Ministerio de Justicia y no por la Comisión de Notables que preveía el texto original del Gobierno.

Pese a este acuerdo, IU-ICV quiere introducir más cambios en el proyecto. En concreto, reclama mejoras en los artículos relativos a la exhumación de los cadáveres que aún quedan en las fosas comunes, el acceso a los archivos, la retirada de símbolos franquistas y el futuro del Valle de los Caídos.

DE LA VEGA IMPULSA LAS NEGOCIACIONES.

Además, los socialistas aspiran a ganarse también el apoyo de CiU. De hecho, la fórmula pactada para declarar injustas las condenas franquistas e "ilegítimos" sus tribunales está 'calcada' de una enmienda de los nacionalistas catalanes.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asumió en primera persona este nuevo impulso a la tramitación de la ley en sendas reuniones mantenidas en los últimos días con el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, y con los líderes de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera. A partir de ahora, la negociación sobre el articulado la llevará el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.

La intención del Gobierno y del Grupo Socialista es poder llegar a la reunión de la ponencia con algunas enmiendas pactadas con estos dos grupos parlamentarios, así como con los nacionalistas vascos, que están centrados en su reclamación de documentos del Archivo de Salamanca. Con Esquerra Republicana la relación es más distante en este tema porque el Gobierno cree que sus propuestas exceden de lo asumible.