VALENCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El magistrado José Flors, que será el ponente del auto que establecerá si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es competente o no para asumir la causa remitida por el juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, derivada del llamado 'caso Gürtel', fue quien instruyó entre diciembre de 1997 y marzo de 1998 el denominado 'caso Cartagena' mientras que el entonces conseller de Obras Públicas de la Generalitat, el 'popular' Luis Fernando Cartagena, ocupó este departamento.
El 10 de diciembre de 1997 llegó a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la pieza separada de la causa abierta por la Audiencia Nacional, que investigaba a 248 titulares de las cesiones de crédito de nuda propiedad y opacas fiscalmente, que comercializaba el Banco de santander entre sus clientes en la década de los ochenta, contra el entonces conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena por un presunto delito fiscal.
La titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional en esa fecha, Teresa Palacios, decidió remitir las diligencias que afectaban al conseller al ser una persona aforada. En su auto de inhibición, constaba que de las investigaciones realizadas se desprendía la existencia de indicios racionales de delito fiscal contra el conseller, quien presuntamente debía a la Hacienda Pública 42 millones de pesetas por la suscripción de cesiones de crédito del Banco de Santander de las que supuestamente fue titular entre 1988 y 1989, extremo que él negaba.
Un día después del traslado, la sala designó como magistrado ponente a José Flors Matíes, teniendo en cuenta las normas de reparto de la secretaría de la sala. Una semana después, el 18 de diciembre, la sala se declaró competente para estudiar la causa --que constaba de 2.511 folios repartidos en seis tomos-- tanto en relación con el conseller como con respecto a un empresario que aparecía como titular de las operaciones de crédito, y acordó abrir diligencias previas por un delito contra la Hacienda Pública.
El magistrado citó a declarar como imputado a Cartagena, tras el periodo navideño, el 8 de enero de 1998. El conseller presentó el 15 de marzo de ese año su dimisión, días después de que la sala recibiera un informe del Instituto de Robótica de la Universitat de Valencia a que le vinculaba con cesiones de crédito del Banco de Santander, para que evitar que su vida privada se vinculara con su actuación pública y del PP.
El TSJCV recibió el 16 de marzo la comunicación del cese de Cartagena y el día 25 de ese mismo mes, el magistrado ponente emitió un auto de inhibición y acordó remitir las diligencias abiertas contra al ex conseller de nuevo a la Audiencia Nacional al haber perdido su condición de aforado. En ese momento, la causa constaba ya de 10 tomos de folios con las actuaciones realizadas tanto en Madrid como en Valencia, durante los poco más de tres meses en los que el magistrado se ocupó de la causa.
NORMAS DE REPARTO
En esta ocasión, la sala de lo Civil y Penal, reunida esta mañana, y en cumplimiento estricto de las normas de reparto, ha designado a Flors como ponente del auto de esta causa, que investiga la trama corrupta que salpica a aforados del PP de Madrid y de Valencia.
Este nombramiento se produce un día después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV recibiera las cinco cajas procedentes del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional.
En dos autos dictados el pasado 5 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibió de la causa al encontrar indicios de responsabilidad penal en cinco aforados del PP: el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; y los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco.
En la causa están imputadas 45 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y Arganda del Rey Ginéz López --citados a declarar el próximo día 18--; y los antiguos regidores de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente.
