Actualizado 17/12/2013 20:54 CET

Hacienda revela diversas transferencias bancarias del Rey a los Duques de Palma

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín
Foto: DAVID OLLER

PALMA DE MALLORCA, 2 (EUROPA PRESS)

   La Agencia Tributaria (AEAT) ha revelado, en un informe recientemente presentado ante el juez instructor del caso Nóos, al que ha tenido acceso Europa Press, dos transferencias bancarias de 600.000 euros cada una por parte del Rey Don Juan Carlos a favor de los Duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, cursadas en el año 2004.

   En concreto, según el informe, sendos ingresos se produjeron el 30 de julio y el 29 de septiembre de ese año, en forma de transferencias "urgentes" ordenadas por "S M D Juan Carlos de Borbón y Bo" a una cuenta bancaria de La Caixa de la que son titulares los Duques.

   Mientras tanto, el análisis de las operaciones bancarias realizadas con esa cuenta entre 2004 y 2006 arroja que la Infanta Cristina declaró una deuda de 1,2 millones de euros -coincidente con la cantidad total que transfirió el Rey-, bajo el concepto de préstamo, en sus declaraciones por el Impuesto de Patrimonio de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

   En 2011, año en el que este tributo fue rehabilitado tras tres años de derogación, presentó declaración ante la obligación real de contribuir, como no residente en España, en la que no figura la citada deuda. Ya en la tributación de 2012 incluyó de nuevo entre sus deudas un "préstamo", si bien por importe de 1.050.000 euros.

   Mediante un informe en el que la AEAT precisa que las operaciones realizadas carecen de relevancia fiscal por cuanto estarían prescritas, Hacienda refleja asimismo que otra de las transferencias también analizadas, en su caso el 8 de julio de 2004, por un total de 91.083 euros, fue ordenada por "Juan María", nombre que coincide con el del padre de Urdangarin, apostilla el informe.

   Del mismo modo, también figura otro traspaso bajo el nombre de "Juan María", el 14 de octubre, por valor de 60.000 euros. Sin embargo, Hacienda señala que no consta que en las declaraciones presentadas por Urdangarin por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2004, 2005, 2006 y 2007 incluyese estos importes como deuda.

SALIDA DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL PALACETE DE PEDRALBES

   Mientras tanto, un día después se produce una salida de fondos mediante cheque por importe de 3,4 millones de euros, fecha en la que precisamente se formalizó ante notario la escritura pública de compraventa del palacete de Pedralbes, por un total de 5,8 millones de euros. De este modo, la AEAT considera "de todo punto plausible que el destino del cheque pudiera ser la adquisición del citado inmueble".

   Más adelante, el 16 de diciembre de 2004, se cargan en la cuenta 400.000 euros como traspaso de fondos que obedece al concepto "préstamo compra casa". Según precisa la Agencia Tributaria, se trata del préstamo que los Duques de Palma concedieron al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y a su mujer, Ana María Tejeiro, para que éstos pudieran adquirir su vivienda habitual.

   De hecho, el 27 de julio de 2005, los prestatarios devolvieron el dinero mediante la libranza de dos cheques por 340.000 y 60.000 euros, que fueron ingresados en la misma cuenta. Finalmente, durante los ejercicios 2005 y 2006 se registran diversas salidas de fondos motivadas "con toda probabilidad" por las reformas realizadas en el palacete de Pedralbes, en virtud de diversos apuntes a nombre de 'Levante S.A.', 'Pasi Disseny' y del arquitecto Marc Viader.

EL JUEZ, PENDIENTE DE UN INFORME SOBRE LA REFORMA DEL PALACETE

   Precisamente, Castro ha requerido al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares que investigue la forma en que fueron pagados los trabajos que los proveedores de la empresa Aizoon -de la que son copropietarios los Duques de Palma- llevaron a cabo para la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido palacete, propiedad del matrimonio. El juez busca así indagar si en el marco de estas labores se cometió un presunto delito de blanqueo de capitales.

   En concreto, el magistrado libró un oficio a la Jefatura Superior para que puedan exclarecerse datos como la identificación de las personas que efectuaron los encargos, la fecha de los mismos y su contenido, así como el lugar en el que se debían prestar, el importe, la persona que los satisfizo, la forma de pago y, en la medida en que sea posible, se aporte toda la documentación que a ellos haga referencia.