MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Granada, Luis Portero, Daniel Portero, indicó esta mañana ante el tribunal que juzga al etarra Juan Antonio Olarra Guridi, acusado de inducir el asesinato cometido en octubre de 2000, que su padre solicitó días antes de su muerte "protección personal" y "se la denegaron".
Daniel Portero pidió, al inicio de su declaración, prestar testimonio ante el público y contestó positivamente a la pregunta del juez sobre si quería asumir riesgos de forma voluntaria. Explicó que el fiscal Portero había comentado a su familias en varias ocasiones que se encontraba "en las listas de ETA" y añadió que, en el verano de 2000, llegó a precisar que "era objetivo" de la banda terrorista.
Dijo, además, que su padre manifestó poco antes del atentado un estado "de nerviosismo y preocupación elevado" que aumentó después de que se le negara la escolta.
Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, explicó ante el tribunal, presidido por el juez Fernando García Nicolás, que la noticia del fallecimiento de su padre fue "un mazazo" para toda su familia "que les hundió en "un estado de shock" y les afectó "física y psiquícamente".
ETA LLAMÓ PARA CONFIRMAR LA MUERTE.
Portero relató, además, que un miembro de la banda terrorista ETA se puso en contacto con su familia, llamando a su casa a las ocho de la tarde. "ETA llamó a casa para confirmar el atentado y estuvo hablando con mi hermana Charo", dijo y se preguntó "¿hasta qué punto se puede ser tan mezquino?".
Indicó que la banda terrorista quería confirmar la muerte de su padre con esa llamada dado que en un inicio fue hospitalizado y el fallecimiento no se produjo hasta horas después de la acción terrorista.
El hijo del asesinado explicó que la detención de los autores materiales de la muerte no consoló a los familiares del fiscal dado que entienden que los autores materiales forman parte de un conjunto: ETA. "Para nosotros no era suficiente, cada vez que ETA comete un atentado nos abre las heridas", dijo. "El consuelo real será llevar a todos los que forman parte del atentado, como el de la jaula, a la cárcel", agregó.
Durante la sesión se produjo, además, la declaración ante el tribunal del etarra Jon Igor Solana ya condenado a 54 años por el asesinato, cometido el 9 de octubre de 2000.
El condenado --que portaba una sudadera de la selección de fútbol de Euskadi-- negó la veracidad de sus declaraciones ante la policía, en las que reconocía la implicación del acusado Juan Antonio Olarra Guridi en el asesinato, y dijo que las realizó bajo torturas. Preguntado sobre como accedió a los datos sobre la vivienda de la víctima indicó que no lo recordaba exactamente. "Probablemente fue por escrito, a través de un compañero", dijo.
El otro de los terroristas que participó en el atentado que acabó con la vida del fiscal jefe, Harriet Iragui, negó conocer al acusado y admitió pertenecer a ETA. Su declaración duró escasos minutos.
PETICIÓN DE FISCALÍA
Por su parte la Fiscalía elevó hoy a definitivas sus conclusiones provisionales y solicitó para Olarra Guridi una pena de 30 años de cárcel al considerarle inductor de un delito de asesinato terrorista con la concurrencia de alevosía. Además pidió que se indemnice a la mujer e hijos de la víctima con una cantidad de 750.000 euros.
El Ministerio Público considera a Olarra Guridi responsable del comando que perpetró el atentado y que estaba formado por Iragui y Solana a los que proporcionó información necesaria sobre Portero y a los que dio la orden de asesinarle.
En función de esas órdenes, los dos condenados procedieron al asesinato del fiscal el 9 de octubre de 2000 después de introducirse en el bloque de viviendas en el que vivía la víctima diciendo a una vecina que iban a repartir información para la lucha contra el cáncer. En las escaleras del edificio esperaron a que llegara Portero al que asestaron diversos disparos acabando con su vida.