MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Iniciativa per Cataluya Verds defenderá este martes en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso que se cree un Registro de lobbies y que se someta al control del Parlamento a estos grupos de presión que ya se han convertido en "importantes poderes fácticos" porque tiene una gran capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas.
Por esta circunstancia, la formación ecosocialista considera necesario que se obligue a los lobbies a actuar con transparencia y bajo control democrático. Para lograr que el Gobierno tome medidas en este sentido, ICV ha registrado una proposición no de ley que se debatirá este martes y en la que aboga por avanzar hacia una regulación similar a la de Estados Unidos, donde los lobbistas están obligados a registrarse y a declarar sus actividades, sus intereses y a quién representan.
"Existen ejemplos claros de la capacidad de influencia de los lobbies en nuestra economía y nuestra política, y de los privilegios que determinados sectores gozan en el ámbito financiero, el de las empresas concesionarias y también en el mercado eléctrico, se trata de maniobras especulativas que quedan al margen del control público y democrático", argumentan los ecosocialistas.
En su proposición no de ley, recogida por Europa Press, ICV explica que Bruselas es el segundo lugar de mundo con más lobbistas después de Washington. Además, aporta el dato de que hay más de 2.500 lobbies que dan trabajo a más de 15.000 personas, entre consultores, abogados, comerciantes, activistas de ONGs o representantes de empresas. "Pero, de hecho, más del 70% representan los intereses de grandes empresas", añaden.
MÁS DE 4.000 EN EL PARLAMENTO EUROPEO
También señalan que hay 4.435 lobbistas acreditados en el Parlamento Europeo, con pleno acceso a las sesiones de comisiones y también en los plenos y que en la Eurocámara la proporción es de 6 lobbistas por eurodiputado/da.
Por todo ello, ICV intentará que el Congreso acuerde crear una Comisión Parlamentaria de Control y Fiscalización del Lobby e inste al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley por el que se cree un registro de los grupos de presión "cuya finalidad será regular la actividad de promoción, defensa o representación de intereses de personas y u organizaciones públicas o privadas, ejercida por personas naturales o jurídicas con el objeto de influir en las decisiones a adoptar por el Gobierno".
CÓDIGO DE CONDUCTA Y SANCIONES
Ese registro estará gestionado por el Congreso, publicará las reuniones que mantengan los lobbistas con cualquier cargo electo, miembro del Gobierno o trabajador de la administración pública de libre designación política.
Además, ICV demandará la elaboración de un código de conducta común para todos los miembros de lobbies a los que se exigirá que declaren el interés o los intereses que representan y se impondrán sanciones si se viola o se cometen irregularidades.
