CORTEGANA (HUELVA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 2 de Aracena ha emitido un auto tras finalizar las diligencias previas en el que ha imputado inicialmente a 16 personas, entre ellas el alcalde de Cortegana (Huelva), Antonio Marín (IU), por los sucesos derivados de la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas de la localidad.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se le imputa inicialmente al alcalde un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado por el artículo 514.1 del Código Penal, que "incluye a los promotores de manifestaciones ilícitas celebradas con el fin de cometer algún delito o que concurran personas con armas y a los que convocan manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas que pretendan subvenir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".
En este sentido, el auto especifica que los indicios de criminalidad "derivan del reconocimiento de su participación parcial en la convocatoria y preparación de la manifestación, así como de la acreditación documental de la falta de adopción de medidas específicas de cualquier tipo para evitar que la manifestación pudiera desarrollarse en un sentido violento".
Al resto de los imputados, se les acusa inicialmente de un presunto delito de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o a la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza.
De las 24 personas a las que se les tomó declaración en el transcurso de las diligencias previas en calidad de imputados, el juez ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa de un total de ocho, mientras que otras 27 declararon en calidad de testigos en el transcurso de las mismas.
No obstante, el juez distingue entre las diferentes formas de participar en los hechos de cada uno de los imputados, de forma que los mismos han sido identificados por las fuerzas policiales y, en algunos casos, por éstas y por algunos de los testigos, causando daños a las viviendas y enseres de la comunidad gitana de Las Eritas.
El juez da traslado del auto al ministerio fiscal y a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, "soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias".
Igualmente, informa de que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación por parte del ministerio fiscal personadas en un plazo de cinco días.
LOS HECHOS
El auto se refiere a la manifestación celebrada en Cortegana el 16 de enero de 2005, "convocada durante los días previos por el alcalde y difundida por otros ciudadano, en protesta por el crimen cometido en la misma localidad el 1 de enero anterior y en el que resultó muerto el vecino del pueblo Mateo Vázquez, en cuya instrucción por homicidio se ha decretado la prisión preventiva de dos imputados, vecinos del barrio de Las Eritas de Cortegana".
En este sentido, añade que "el itinerario de la manifestación siguió inicialmente el trayecto previsto, con final en la Plaza de la Esperanza, aunque posteriormente continuó la marcha hasta llegar a la barriada de Las Eritas, en la que vive una mayoría de vecinos de etnia gitana" y que, "con anterioridad a la llegada a dicho barrio, en el puesto de la Guardia Civil constan indicios de que varios integrantes de la manifestación profirieron gritos y proclamas que, además de expresar su indignación por el crimen, se dirigían específicamente al colectivo gitano".
Según recoge el auto, posteriormente, ya en el barrio de Las Eritas, "se produjeron nuevos incidentes, consistentes en gritos contra el colectivo gitano, lanzamiento de un gran número de piedras y otros objetos contra los vehículos y las puertas y ventanas de las casas, así como varios incendios, algunos de los cuales se extendió hasta acercarse a una de las viviendas, sin que se llegara a las mismas probablemente gracias a la actuación de algún vecino".
Igualmente, el auto relata que, "según algún testigo, incluso hubo intentos de entrar en las viviendas, acompañados de gritos como 'os vamos a matar', mientras en el interior de las casas se encontraban muchas familias, la gran mayoría de las cuales ha presentado denuncia y ha concretado que pudieron oír los gritos, los lanzamientos, así como los intentos de entrar en alguna casa".
El juez también recoge que "constan indicios de que se profirieron expresiones, algunas de ellas dirigidas a los posibles autores del homicidio, otras al colectivo gitano y otras a los agentes de la autoridad presentes, tales como 'vamos a quemarles los de atrás, las cuadras, las chabolas', 'que os vayáis del pueblo, que os vamos a matar, os vamos a cortar los huevos, os vamos a quemar, hijos de puta, que no servís para nada, sólo sabéis denunciar y a los gitanos y a los drogadictos los defendéis', 'los guardias si que son racistas porque a nosotros nos denunciaban por consumo de drogas y hoy protegen a los putos gitanos', entre otras".
