SAN SEBASTIAN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los siete procesados por el caso Egunkaria calificaron hoy de "altamente satisfactorio" el escrito del fiscal Miguel Angel Carvallo. En ese sentido, el abogado Iñigo Iruin consideró que en este momento lo que sería "exigible" a la Fiscalía de la Audiencia Nacional es que "sea coherente" con este criterio interpretativo y lo aplique a "todas las demás causas penales que se están tramitando contra estructuras organizativas civiles y políticas de la izquierda abertzale porque el resultado debiera ser exactamente el mismo".
Iruin realizó estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Andoain donde compareció junto al también abogado José María Elosua y a los procesados del caso Egunkaria Xabier Alegría, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Juan Mari Torrealdai, Xabier Oleaga y Txema Auzmedi, con la ausencia de Peio Zubiria.
Torrealdai fue el encargado de leer una declaración en la que los procesados calificaron de "altamente satisfactorio" el escrito del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo en el que pide el sobreseimiento de la causa contra los directivos de Egunkaria, al no encontrar indicios suficientes que acrediten la vinculación del periódico y ETA.
"Es la primera vez que contamos con un indicador positivo en nuestro favor por parte de las instancias judiciales", destacó, para añadir que con el pronunciamiento actual, la acusación pública les da la razón en en la acción judicial "había un evidente e indisimulado impulso político que busca la judicialización y la criminalización de la política vasca, que incluso llega hasta el PSOE, de la sociedad vasca y de la cultura ligada al euskara".
"Este pronunciamiento viene a demostrar que eliminando el impulso político no hay base jurídica para la acusación en nuestro caso particular y entendemos que tampoco en los demás", subrayó.
"CUATRO AÑOS DE RETRASO"
Torrealdai afirmó que el escrito reconoce que "no había delito" y que "nunca debió de existir el caso Egunkaria". A juicio de los procesados, la decisión de la fiscalía "llega con cuatro años de retraso y con algunas consecuencias personales, empresariales y comerciales irreparables".
Asimismo, señaló que su "anhelo de futuro" es "desandar un camino que nunca se debió de emprender por parte de la judicatura" y pidió que "el presente pronunciamiento representara el inicio de ese proceso en relación a todos aquellos casos que tienen la misma matriz acusatoria que el nuestro".
En ese sentido, Iñigo Iruin afirmó que en este sumario "por primera vez la razón jurídica se ha impuesto a las razones de Estado". De este modo, explicó que el elemento central del escrito del ministerio fiscal es que los criterios de valoración e interpretación de la documentación incautada "han sido siempre en contra del reo".
Según dijo, son unos criterios de valoración "que carecen de lógica y razonabilidad y que la postura de la Guardia Civil como del juez instructor respecto a los documentos incautados ha sido "ilógica, irrazonable, y contraria a reo". "Se ha actuado con criterios de presunción de culpabilidad y no de presunción de inocencia", añadió.
En su opinión, el escrito del fiscal Carvallo "debiera tener una mayor alcance y trascendencia" porque si estos criterios de interpretación "se trasladan a esos otros sumarios abiertos en su día contra estructuras políticas y sociales de la izquierda abertzale nos llevaría a la misma conclusión".
Por ello, pidió al fiscal Enrique Molina que "utilice los mismos criterios en el sumario 19/98" y que sea así también en otros juicios pendientes como los de Gestoras pro Amnistia y Askatasuna, Udalbiltza, o Batasuna.
PRUDENCIA
Por otro lado, Torrealdai advirtió, "ante una eventual euforia", que no se trata del requisito definitivo el escrito de Carvallo para el sobreseimiento del caso ya que los Jueces de la Audiencia Nacional "tienen la última palabra" y no será hasta febrero cuando se conozca su decisión.
Iruin explicó que, aunque existe la posibilidad de que se celebre un juicio oral, confía en que al final no se lleve a cabo ya que en este sumario sólo están como acusación el Ministerio fiscal y la acción popular que son la AVT y Dignidad y Justicia y la ley de enjuiciamiento criminal determina que tiene que existir un querellante particular que en este caso no hay.
"Cabe esperar cual va a ser la actuación de AVT y Dignidad y Justicia y es muy posible que se vaya a plantear esta discusión jurídica pero creemos que al final se solventará en los términos que nosotros planteamos y finalmente estas siete personas no se tengan que sentar en el banquillo y acabe este sumario sin llegar al acto del juicio oral", concluyó.