Imputan a tres personas por la muerte de un buzo en las obras de colocación del emisario submarino de Monpás en 2000

SAN SEBASTIAN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El propietario de la empresa de trabajos submarinos Tycsub y dos responsables de la seguridad de las obras de colocación en 2000 del emisario submarino de aguas residuales de Monpás, en San Sebastián, han sido imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por la muerte de un buceador mientras colocaba las últimas piezas de esa infraestructura.

El accidente mortal tuvo lugar sobre el mediodía del 6 diciembre de ese año, cuando el submarinista Eduardo Ferreiro se encontraba trabajando a cerca de 40 metros de profundidad. El siniestro dio lugar a la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción 1 de San Sebastián, en las que la viuda del fallecido, que entonces tenía 35 años, ejerce la acusación particular.

Tras más de cinco años de instrucción y diversos recursos, finalmente el Juzgado seguirá el procedimiento abreviado contra el dueño de Tycsub, la compañía para la que trabajaba el fallecido, y que había sido subcontratada por la UTE Dralvan, adjudicataria de la obra para la instalación del emisario.

En igual situación se encuentran el que era entonces jefe de buceadores de la UTE Dralvan, así como un ingeniero contratatado por la empresa Inyspa para coordinar las medidas de seguridad por parte de las empresas subcontratadas.

Según informaron fuentes del caso, las partes deberán ahora elaborar sus escritos de acusación y defensa, tras lo que se celebrará el juicio.

SIN TITULACION

En un principio, el juez imputó el citado delito a cinco personas pero, tras un recurso interpuesto por la defensa, limitó la imputación al dueño de Tycsub y al ingeniero de Dragados y Construcciones. Posteriormente, la viuda del buzo presentó otro recurso y, a finales del mes pasado, la Audiencia de Gipuzkoa dictó una resolución en la que incluyó también al ingeniero de Inyspa.

En su auto, la Audiencia señala que tanto el fallecido como otro buzo carecían de la titulación requerida para efectuar el trabajo encomendado, por lo que por parte de la empresa "no debía habérseles permitido la inmersión".

Además, indica que, según la legislación vigente, ninguno de los dos podía bajar a una profundidad superior a 25 metros. Entre otras irregularidades, la Sala constata, asimismo, que los trabajos de buceo "no debieron iniciarse sin antes tener preceptivo permiso de Capitanía Marítima".

La Audiencia destaca que "el trabajo no podía planificarse así, ya que iba en contra de las normas de seguridad para el buceo que debían haber sido respetadas". Finalmente, subraya que, cuando se sumergió, el buzo "carecía de un segundo regulador", tal como exigía la ley, lo que "pudo suponer un riesgo innecesario" para el fallecido.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la acusación particular dijo que la "obstrucción del procedimiento" por parte de Dragados y Construcciones, una de las empresas que integraban la UTE Dralvan, ha provocado la "lentitud" de su instrucción. Por ello esperó que, de ahora en adelante, el caso se pueda resolver "rápidamente".