Incendio.- PP denuncia la falta de especialización del director de las tareas de extinción del incendio de Guadalajara

Dice que también falló el Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales aprobado un mes antes por el Gobierno de la nación

Afirma que el Ejecutivo de C-LM pidió medios necesarios para controlar el incendio, una vez se habían producido las 11 muertes

Europa Press Nacional
Actualizado: sábado, 5 agosto 2006 14:40

TOLEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular denuncia la falta de especialización del encargado de coordinar, dirigir y programar los trabajos de la prevención y lucha contra los incendios forestales en Castilla-La Mancha, en el momento en que ocurrió el incendio de Guadalajara.

Esto se desprende de un argumentario interno del PP al que tuvo acceso Europa Press, en el que entre otros asuntos, se recoge las causas del incendio y los fallos en las tareas de extinción que provocaron la muerte de 11 miembros del retén, y 13.000 hectáreas arboladas calcinadas en la comarca del Alto Tajo, y en el que se afirma que todavía siguen sin respuesta "muchísimas" preguntas.

Así en este informe, los 'populares' se cuestionan quién nombró a un ingeniero de montes, "que aprobó la oposición de funcionarios de esa comunidad en la última convocatoria del año 2004", saltándose a otros funcionarios con muchísima más antigüedad y experiencia, dicen, y por qué no fue cesado "a la vista de su inoperancia y de las trágicas consecuencias que se derivaron de ella".

El PP, en base a los testimonios de los miembros de los retenes de Guadalajara, asegura que la orden que recibió el retén de los fallecidos de la persona que estaba de guardia en el Centro Operativo de Incendios Forestales de Guadalajara, era la de atacar el incendio "hasta la extenuación".

El argumentario realizado por el PP apunta que el retén no conocía el terreno, ya que su zona habitual de actuación se encontraba a mas de cien kilómetros del foco; que sus medios de lucha no eran los adecuados, incumpliendo así las normas de seguridad del Manual para el Control de Incendios Forestales, de la Empresa Pública Tragsa, de quien dependía el citado retén; y que cuando se produjeron las ordenes de movilización del retén afectado ningún responsable de la empresa Tragsa estaba en el Centro Operativo de Incendios Forestales de Guadalajara.

El PP se pregunta también por qué se dio la orden a los componentes fallecidos del retén, de atacar el incendio de frente, cuando en el Manual para el Control de Incendios Forestales, editado en el año 2001 por la Empresa Publica Tragsa y por el Colegio de Ingenieros de Montes de España, se señala que en el caso de incendios con llamas de altura superior a 2,5 metros, como el caso de Guadalajara, no deben montarse estrategias de ataque directo al frente del incendio, sino construir líneas de fuego, con maquinaria pesada y con apoyo de medios aéreos.

Sostienen asimismo, que el mando único no movilizó la maquinaria pesada que tiene el Ministerio de Defensa en Alcalá de Henares para realizar los necesarios cortafuegos, tal y como establece el Plan Coordinado de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales de la Provincia de Guadalajara, aprobado por el Ejecutivo regional que presidía por aquel entonces José Bono.

FRACASO DEL PLAN NACIONAL.

El PP cita también el "fracaso estrepitoso" del Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, que había presentado justo un mes antes la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y critica que el Ejecutivo nacional no ha analizado cuales fueron las causas de que fallara dicho Plan.

También cuestiona el PP por qué en el Gabinete de Crisis, creado por el Gobierno en pleno incendio de Guadalajara y presidido por la vicepresidenta Primera de Gobierno, no estaban ocho de los ministros, titulares de los Departamentos Ministeriales que figuraban en el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en España.

CAUSAS.

Entre las causas que provocaron este "dramático" incendio, el PP cita las "penosas y precarias condiciones laborales de los retenes asignados a la prevención y extinción del incendio"; la falta de formación profesional de gran parte de los componentes de los retenes; medios de extinción, logísticos y de comunicación inexistentes, o totalmente obsoletos; una "pésima" coordinación por parte de los responsables de la Administración autonómica; falta de personal cualificado asignado a la prevención y lucha contra incendios en la región; así como una insuficiente inversión económica en las labores de prevención de incendios y de limpieza de las masas forestales.

El PP recordó que, a raíz de estos hechos se creó una Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que no sólo no se depuraron responsabilidades, "sino que por el contrario la Administración autonómica se lavó las manos con la proclama de que aquí todo salió bien, y nosotros hicimos nuestro trabajo correctamente".

Según este documento interno de los 'populares' lo "más llamativo" es que el Gobierno castellano-manchego pidió medios necesarios para controlar el incendio, una vez se habían producido las 11 muertes, alrededor de 30 horas después de iniciarse el fuego.

DIMISIONES.

El PP apunta que "únicamente" dimitió la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, el 21 de julio de 2005, "siendo rápidamente recolocada por el Gobierno central en la empresa pública ENUSA (antigua Empresa Nacional del Uranio), que el 1 de septiembre de 2005, apenas 40 días después de su dimisión, donde fue contratada como directora de Relaciones Institucionales, puesto "que no existía en ENUSA y fue creado de forma paralela al nombramiento de la ex consejera".

"El colmo de la desfachatez" denuncia el PP es que el Gobierno castellano-manchego en el Informe de Gestión del Plan de Actuación Integral Zona del Ducado, que publicó el pasado 31 de marzo de 2006, incluye como una de sus actuaciones más destacadas las indemnizaciones satisfechas a los familiares de las once victimas, por las Compañías de Seguros, la Mutua de Accidentes de Trabajo, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Empresa Tragsa, además de los 18.000 euros abonados por el Gobierno de España.

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