Remarcan que hay indicios de que habría usado tarjetas opacas tras su abdicación, cuando ya no era "inviolable"
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las formaciones independentistas del Congreso, junto a Más País-Equo y Compromís, han registrado una nueva petición para que la Cámara cree una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Rey Juan Carlos I.
Esta iniciativa, la decimotercera que se presenta en poco más de un año sobre las actividades del rey emérito, lleva las firmas de ERC, Junts, PDeCAt, Bildu, BNG, la CUP, más las formaciones de Íñigo Errejón y Joan Baldoví, y plantea, en concreto, abrir pesquisas sobre las supuestas actuaciones irregularidades de "miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".
La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox ha venido rechazando la tramitación de todas las iniciativas destinadas a investigar las actividades del padre de Felipe VI, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es "inviolable", según la Constitución.
En total, ya se han presentado una docena de peticiones de comisiones de investigación relacionadas con el Rey emérito, en algunos casos con la firma de Unidas Podemos, que siempre se ha quedado sola apoyando su tramitación en el órgano de gobierno de la Cámara, para que, al menos, pudieran debatirse en el Pleno.
LOS ESCÁNDALOS NO CESAN
Pero las formaciones firmantes de la nueva iniciativa vuelven a insistir en la necesidad de que el Congreso intente aclarar las irregularidades en las que haya podido incurrir Juan Carlos I, habida cuenta de que, aducen, las informaciones sobre esos "presuntos escándalos", no cesan.
En la exposición de motivos del texto, recogido por Europa Press, sus impulsores repasan todas esas noticias relativas a las investigaciones abiertas en Suiza y también a "los indicios de presuntos delitos con la presunta implicación del rey emérito" detectados por la Fiscalía anticorrupción, que apunta a presunto blanqueo de capitales, cobro de comisiones y fraude fiscal en la contratación de la segunda fase de la construcción del EVA entre Medina y La Meca.
También hacen referencia a la decisión del fiscal del Supremo de abrir diligencias para "delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos" que presuntamente se atribuyen al emérito en una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, en la que la amiga del Rey le atribuía el cobro de mordidas por el contrato de 6.300 millones de euros adjudicado a un consorcio de 12 empresas para la construcción del citado AVE.
En el texto hay varias menciones a otras declaraciones de Larsen, como aquella en la que afirma que Felipe VI conocía la campaña de "acoso y difamación" contra ella y su familia por parte de los servicios del Estado para confiscarle documentación comprometedora para Juan Carlos I.
TARJETAS OPACAS
Los partidos que piden que el Congreso investigue apuntan, asimismo, al supuesto uso de tarjetas opacas por parte del emérito y doña Sofía, antes, pero también después de la abdicación, cuando, recalcan, "ya no gozaba de la condición de inviolable".
Asimismo, recuerdan que, tras dejar el trono, se cambió la ley para que Juan Carlos I pasara a ser aforado precisamente porque ya no estaba "bajo la cobertura constitucional de la inviolabilidad" que siempre aducen PP, Vox y Cs para impedir que la Cámara le investigue.
También mencionan las regularizaciones presentadas ante Hacienda por el exjefe del Estado y cómo habría ocultado al fisco la supuesta existencia de una cuenta que habría tenido durante una década en Andorra asociada a él, que operaba a través de testaferros y que recibía ingresos desde Suiza, concretamente desde la Fundación Zagatka.
Estas formaciones insisten en que "más allá de las posibles responsabilidades legales o penales, el poder legislativo tiene la obligación de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas y evitar que se puedan cometer actuaciones ilegales o ilícitas, aprovechando la situación privilegiada que ocupan".
Así, demandan que se aclaren en sede parlamentaria no sólo esas supuestas irregularidades, sino también los "cómplices" de las mismas, el destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros del uso de las 'tarjetas black' y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí.
En concreto, piden abrir pesquisas sobre las cuentas irregulares, el posible blanqueo de capitales, los beneficios de esas actividades ilícitas y si entre los beneficiarios está Felipe VI, las relaciones de los miembros de la familia con la Fundación Zagatka y el conocimiento que pueda tener de todo esto el actual Rey o sus familiares.
