Dos exaltos cargos del Gobierno catalán explicaron al juez que se paralizaron los pagos y se retuvieron las facturas a raíz de recibir este documento
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Un informe de Asesoría Jurícia del departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña recomentó paralizar el pago de facturas relacionadas con trabajos para el referéndum ilegal del 1 de octubre, entre ellos, el de una campaña de publicidad para dar a conocer el registro de la Generalitat de catalanes residentes en el exterior al ser una cuestión que se encontraba 'sub iúdice' y el de otra con la publicidad del 1 de octubre.
Así lo han admitido el exdirector de Difusión de la Generalitat, Ignasi Genovès, y el entonces secretario de Presidencia de la Generalitat, Joaquin Nin, que comparecieron el pasado día dos como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Ignasi Genovés ha señalado que la factura fue "retenida" después de recibir un informe de Presidencia que apuntaba que al ser un proyecto que se encontraba inmerso en un proceso judicial se recomendaba que se parase el pago hasta que "se dilucidara" el resultado del proceso. "Parece ser que hay un artículo de las finanzas públicas que prevé que se pare el pago hasta que se dilucide el resultado del proceso", declaró en el Juzgado.
Esta declaración coincide con las que han realizado otros testigos en el Juzgado que investiga el 'procés', quienes precisaron que la Generalitat fue quien frenó los pagos de facturas que se generaron para la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre tras la investigación judicial que se había iniciado. No obstante, en las anteriores declaraciones no se mencionaba el informe jurídico que la semana pasada desvelaron dos exaltos cargos del Gobierno catalán.
En el caso de la campaña de registro de los catalanes en el exterior, fue el propio Genovès el que personalmente dio la orden de paralizar el pago, después de recibir el informe jurídico remitido por Presidencia. Para ello, se puso en contacto con la agencia de publicidad Estudi Dada, según aseguró en sede judicial el que fuera director de Difusión.
La factura a la que hace referencia asciende a entre 8.000 y 9.000 euros, a lo que habría que sumar el IVA, reconoció Genovès. La campaña se realizó en marzo de 2017 a petición del departamento de Exteriores de la Generalitat que dirigía Raül Romeva y tenía como objetivo dar a conocer el registro de catalanes residentes en el extranjero.
Al ser preguntado si esto provocó una reacción por parte de la agencia, Genovès dijo que a la empresa de publicidad no le quedó otra opción y que mantuvo alguna llamada con la misma hasta que le comunicó que la factura estaba retenida "hasta nueva orden".
Por su parte, el entonces secretario de Presidencia de la Generalitat, Joaquin Nin, también se refirió al informe de la Asesoría Jurídica de finales del año 2017, que instaba a la suspensión del pago de otra factura. Preguntado por el juez acerca de qué quería decir con eso, el exalto cargo del Govern matizó que no se abonó el importe solicitado ante la existencia de un proceso judicial y que no tenía más conocimiento al respecto.
Se refirió a una factura de 80.440,19 euros reclamada por la UTE que formaron tres empresas encargadas de la publicidad del referéndum en el exterior. Al respecto, Nin dijo ante el magistrado que desconocía si se había reclamado el abono del importe así como qué organismo ordenó que no se efectuara el pago, aunque era la Dirección General de Difusión la que se encargaba de gestionar estos expedientes.
Sobre el hecho de que esta campaña se realizó en soporte tradicional, como periódicos catalanes en su edición impresa, estando dirigidas a personas que vivían fuera del país, el director de Difusión de la Generalitat ha justificado que podrían acceder a través de las redes sociales.
"En La Vanguardia difícilmente, pero en formato digital si desde todo el mundo", respondió ante la pregunta del juez sobre cómo iba a alcanzar esta campaña a catalanes migrados.
UNIPOST TAMPOCO COBRÓ
Según los informes de la Guardia Civil, otra empresa que ha trabajado para el 1-O ha intentado cobrar otra factura por casi 240.000 euros. En este caso se trataría de la empresa Unipost, quien ha pasado al cobro una de las cinco facturas generadas por los envíos electorales del referéndum ilegal. Sin embargo, esa factura ha sido rechazada en dos ocasiones por la Generalitat.
