MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un informe de expertos juristas de la Universidad CEU San Pablo encargado por JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, alerta de que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana --la conocida por sus detractores como 'ley mordaza'-- implica cambios "en ocasiones más cosméticos que reales" que pueden incidir en una "rebaja de la autoridad de guardias civiles y policías para tutelar bienes y derechos de terceros".
En un comunicado, JUCIL ha señalado que ha entregado este martes las conclusiones a los grupos políticos parlamentarios y que su intención es hacer lo mismo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordando que en enero pasado se interesó por conocer de forma personal el contenido del documento.
"Una reforma ambigua, en ocasiones más cosmética que real, aunque adopta la dirección de rebajar las potestades de la autoridad administrativa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se trata de tutelar la seguridad pública, bienes y derechos de terceros que puedan verse afectados", destaca JUCIL.
La asociación hace este resumen del 'Informe sobre cuestiones específicas en relación con la Reforma de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana', elaborado por tres los juristas Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo; Pablo Nuevo López, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU; y Lucana Estévez Mendoza, Profesora de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo.
JUCIL asegura que quiere que este informe sirva de "guía" para los grupos políticos en el debate de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya se ha iniciado en el Congreso de los Diputados.
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha entregado el documento a los representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Esta asociación fue una de las participantes en la manifestación que recorrió el centro de Madrid en noviembre contra las enmiendas para reformar la 'ley mordaza', aprobada en 2015 en la mayoría absoluta del PP.
CONSUMO DE DROGAS Y MATERIAL ANTIDISTURBIOS
Se examinan en el trabajo tanto la proposición de ley como las enmiendas relativas a la regulación sobre las sanciones y sobre las infracciones en materia de drogas, advirtiendo de la introducción de un "sistema incoherente con la regulación general para la aplicación de las sanciones administrativas con abundantes lagunas".
Las propuestas en materia de drogas reducen "sensiblemente", según destaca JUCIL, "los mecanismos disuasorios para evitar que se consuma droga o se abandonen jeringuillas en lugares especialmente sensibles (parques con zonas infantiles, proximidades de colegios o de centros de educación especial, proximidades de establecimientos de tratamiento y deshabituación, de centros de menores)".
También se impide la sanción de quienes trasladan personas para acceder a la droga o de quienes tienen plantaciones de droga para el consumo a la vista del público, según las enmiendas presentadas para reformar la 'ley mordaza'.
El trabajo analiza la prohibición del uso de determinados materiales antidisturbios, como las pelotas de goma, considerando que "su prohibición supondría una pérdida operativa en el mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, en casos en que, por su gravedad, la disolución de una reunión o manifestación aconseje la utilización de un medio disuasorio activo".
"Proponen que podría aceptarse condicionar el empleo de tales materiales a casos en que los reunidos hicieran igualmente uso de instrumentos o productos que conlleven riesgo, en el sentido de que implicaran violencia, susceptible de suponer una intimidación física o moral para terceros", añade JUCIL.
MANIFESTACIÓN ESPONTÁNEAS Y GRABAR A LOS AGENTES
Se advierte de que hay cambios sobre aspectos declarados constitucionales por el Tribunal Constitucional "o ignorando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en aspectos sustanciales", según destacan de la tesis del catedrático de Derecho Penal Carlos Pérez del Valle.
Cita por ejemplo la afectación al derecho de reunión y de manifestación, ya que entiende que la proposición de ley sobre la que se basa la reforma "más que maximizar las condiciones de ejercicio de este derecho lo que hace es dificultar que tanto la autoridad administrativa como las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplan con su misión de tutelar la seguridad ciudadana y el disfrute pacífico por el conjunto de los ciudadanos de sus derechos y libertades".
Los juristas optan por la redacción de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos, "pues a diferencia de la Proposición de Ley, que limita el tipo a los casos en que se produzca una interferencia grave en su funcionamiento, sanciona las intromisiones en que se perturbe el funcionamiento o altere el desarrollo de sus actividades".
Los expertos critican la "ambigüedad" con la que se trata la posibilidad de manifestaciones "espontáneas" sin comunicación previa, como prevé la proposición de ley.
Sobre la grabación de imágenes de los agentes de la autoridad en sus intervenciones, añaden que el "uso" no implica la "mera captación o tenencia de imágenes o datos personales y profesionales", sino la publicación y la difusión que represente un peligro para la vida privada y familiar de los agentes, para instalaciones protegidas o para el éxito de una operación, contrastándolo con el "respeto del derecho fundamental a la información".
Así, razonan que la supresión de la infracción supone "que la seguridad familiar de los agentes quedaría mermada", por lo que alertan de que la reforma puede ir "en la línea de disminuir las garantías de las que gozan los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para cumplir con su misión de velar por la seguridad ciudadana".
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD
El estudio defiende el valor probatorio de la declaración de la Guardia Civil y las Policías en los casos de sanciones administrativas ya que, argumentan, "no tendría sentido que sí fuera probatorio en la ley penal, como ahora recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no en el ámbito sancionador".
De suprimirse la presunción de veracidad, los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional "podrían alegar reparos a la hora de intervenir en situaciones complejas, ante el temor de que la duda planeara sobre su profesionalidad e imparcialidad, reflejada en posteriores declaraciones, según cual fuera la palabra de un posible infractor que chocaría con la suya, con los riesgos adicionales que ello podría suponer en relación con su carrera profesional".
