El informe del Tribunal de Cuentas sobre la campaña de pensiones de 2003 abre un debate sobre publicidad institucional

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de publicidad de la Seguridad Social en la etapa en que Eduardo Zaplana era ministro de Trabajo volverá a discutirse mañana en el Parlamento y esta vez ha derivado en un debate sobre la publicidad institucional. Así, el PP quiere que se fiscalicen todas las campañas de instituciones públicas en la actual etapa de Gobierno socialista, mientras que el PSOE quiere que se clare si hay o no casos de "financiación encubierta" a través de estos contratos.

En ese informe, el Tribunal de Cuentas advirtió "irregularidades" y "vulneraciones" en los contratos publicitarios, fundamentalmente por la utilización del procedimiento abreviado en la adjudicación y por falta de objetividad en las campañas. Una de esas campañas, referida a la actualización de las pensiones mediante paga única, fue llevada por IU-ICV ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha archivado diligencias en dos ocasiones.

En sus propuestas de resolución, que se votarán mañana en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, el PP reclama al Tribunal de Cuentas la inclusión en su programa de fiscalizaciones de un examen pormenorizado de todos los contratos de publicidad del Gobierno socialista, y en especial de los suscritos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los organismos adscritos al mismo y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

EVITAR FILTRACIONES.

En otra propuesta, el Grupo Popular insta al Gobierno a "adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan filtraciones de los proyectos de informe del Tribunal de Cuentas antes de su aprobación final por el Pleno de este organismo". Y es que el informe sobre los contratos publicitarios de la etapa Zaplana ha sido objeto de noticia desde sus inicios y a lo largo de toda su redacción, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas tuvo que aprobar una nota negando algunos extremos que se habían publicado.

El PSOE, por su parte, quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice las campañas de publicidad de las administraciones estatal y autonómica --en aquellas comunidades que carecen de este tipo de órganos--, así como de los principales ayuntamientos, poniendo especial énfasis en el control de la "posible existencia de financiación implícita o encubierta".

En el texto, al que tuvo acceso Europa Press, el PSOE sugiere al Tribunal de Cuentas que incluya la fiscalización de estas campañas en sus planes anuales y que traslade a los órganos fiscalizadores autonómicos la conveniencia de hacer lo propio, con los mismos criterios.

MENOS GASTOS Y MÁS INTERNET.

Además, los socialistas también instan al Tribunal a velar por la adecuación de las campañas a los principios establecidos en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional aprobada en diciembre de 2005. En la misma línea, emplazan al Gobierno a estudiar la puesta en marcha de mecanismos que permitan evitar los "excesivos gastos en materia de publicidad institucional" y a evaluar la conveniencia de explorar nuevos soportes, como Internet, para las campañas institucionales.

Por su parte, el grupo parlamentario de IU-ICV tercia en el debate con unas resoluciones en las que reclama al Gobierno la puesta en marcha de medidas informativas y preventivas en todos los ministerios para casos como el de la citada campaña de pensiones de 2003.

Así, la coalición parlamentaria que preside Gaspar Llamazares exige la adopción "rigurosa" de medidas destinadas a evitar campañas "cuya finalidad real no sea la de satisfacer el interés informativo, sino difundir una imagen favorable de un Gobierno o partido político", que sean "irregulares o puedan dar lugar a delitos de desviación de poder o malversación de fondos públicos" o que, simplemente, se consideren "innecesarias" por su previsibilidad. Se trataría también de evitar que se ejecuten durante la campañas electorales o en periodos inmediatamente anteriores a éstas.

DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA JEC.

Además, se recomienda al Gobierno la tipificación como un nuevo delito electoral de "la desobediencia flagrante a los acuerdos adoptados por las Juntas Electorales en materia de publicidad institucional".

En aras de incrementar la transparencia, IU-ICV también propone que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de la publicidad institucional se especifiquen con el mayor detalle en los presupuestos de gastos anuales de cada organismo, determinando, además, su carácter limitativo y vinculante.

Asimismo, apuesta por fortalecer la objetividad y la transparencia en la contratación y perfeccionar el funcionamiento de las Comisiones Ministeriales de Información Administrativa a la hora de diseñar las estrategias a las que deban sujetarse las campañas de publicidad.