Inmigración.-El Consell pide a Zapatero que "desactive" su política en esta materia porque no favorece a los inmigrantes

VALENCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, solicitó hoy al Gobierno central que "desactive y rectifique sus decisiones en materia de inmigración porque la gestión del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no favorece a las personas inmigrantes, genera efecto llamada, y no frena el negocio de las mafias internacionales", según informaron hoy fuentes de la Generalitat.

Asimismo, De Miguel explicó que su departamento, junto con la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid y la consejería de Trabajo y Política Social de Murcia, va a solicitar una reunión urgente del Consejo Superior de Políticas de Inmigración.

Esta medida se suma a la anunciada hoy por el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, que solicitó a José Luis Rodríguez Zapatero una reunión del Gobierno central con las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar la inmigración ilegal de forma integral.

Así, De Miguel destacó que el Gobierno valenciano "no va a quedarse cruzado de brazos ante el drama humano de la inmigración irregular. La avalancha de personas que sufren y arriesgan su vida para llegar a España, el caos de las fronteras, la saturación de los centros de atención, reclaman la intervención urgente de los responsables políticos". Así afirmó que "ante la parálisis del Gobierno central, es preciso que las comunidades autónomas demos un paso al frente para encontrar soluciones".

Al respecto, la titular de Bienestar Social indicó que en esa reunión se propondrá un plan de medidas para favorecer una inmigración "ordenada y planificada", y "frenar la inmigración irregular".

Entre algunas de estas medidas, figuran el control efectivo de fronteras; acciones informativas en los países de origen sobre los auténticos requisitos legales para obtener el permiso de estancia y trabajo en nuestro país; y mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central, ya que, según señaló De Miguel, el Gobierno central "informa prácticamente sin antelación de los traslados desde Canarias, y se desentiende por completo de las personas trasladadas una vez finalizan su breve estancia en los albergues y centros de acogida".

Además, otras de las medidas propuestas son agilizar la repatriación a los países de origen y fomentar los retornos voluntarios; y favorecer el inmediato retorno de los menores no acompañados con sus familias.

Por último, la consellera reiteró "la solidaridad de la Comunitat Valenciana con la situación que está viviendo Canarias" y apuntó que el Gobierno valenciano "no dejará desamparado a ningún ser humano, y lo demuestra con medidas como el Plan Valenciano de la Inmigración, que destina 939 millones en este ámbito".