Inmigración.- El Gobierno canario rechaza que se amplíen los centros de retención de inmigrantes en las Islas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Mar. (EP/IP) -

El Gobierno de Canarias expresará mañana a la vicepresidenta del Gobierno estatal, María Teresa Fernández de la Vega, su rechazo a la ampliación de los centros de retención de inmigrantes en las Islas, una iniciativa que anunció hoy la dirigente socialista tras la reunión del Consejo de Ministros. Además, le pedirá el cumplimiento del convenio de repatriación entre España y Mauritania, firmado en julio de 2003.

Tras la reunión del comité de crisis del Ejecutivo regional, su portavoz, Miguel Becerra, destacó que el Gobierno central debe garantizar la repatriación de los inmigrantes o su derivación a otras comunidades autónomas. "El Estado no puede pretender convertir a Canarias en un campamento de retención de inmigrantes", apuntó Becerra, que recordó el acuerdo alcanzado con el Gobierno estatal por el cual se comprometía a no aumentar la capacidad de acogida de inmigrantes en el Archipiélago, cifrada en 2500 personas.

Con la ampliación de los centros de retención para inmigrantes irregulares, explicó el portavoz canario, "este límite se superaría y Canarias cargaría con más responsabilidad de la que le corresponde".

Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, comunicó las seis medidas acordadas en el comité de crisis que serán trasladas por el presidente canario, Adán Martín, a la vicepresidenta del Gobierno central durante su visita mañana sábado a la isla de Tenerife.

Además del rechazo a la ampliación de los centros, Martín pedirá a Fernández de la Vega el cumplimiento del convenio de repatriación entre España y Mauritania, que hasta el momento no ha sido utilizado ni citado por el ministro del Interior, José Antonio Alonso. Sin embargo, a juicio del Gobierno autónomo se tendría que haber hecho uso de este convenio desde la llegada del primer cayuco procedente de las costas mauritanas.

Otra de las medidas adoptadas por el comité de crisis consiste en la exigencia al Estado de que proceda a derivar a los inmigrantes irregulares, incluidos los menores, a otras comunidades autónomas. También se solicitará tener conocimiento de los datos de estas derivaciones, ya que existe el "temor", tal como apuntó Ruano, de que los inmigrantes cumplan más de 40 días retenidos en Canarias y al no haber sido repatriados, se pongan en libertad.

La concreción del patrullaje conjunto de la Guardia Civil y la Gendarmería, así como la solicitud a la Unión Europea de la puesta en marcha de un plan especial para controlar la frontera marítima de Canarias como puerta Sur de Europa, serán otras propuestas que Adán Martín planteará a la vicepresidenta.

Por último, hará hincapié en la necesidad de que España abra embajadas en Malí y Gambia para promover los encuentros diplomáticos y las medidas contra el fenómeno de la inmigración irregular de subsaharianos.

DERIVACIONES A OTRAS COMUNIDADES. Aunque el Ejecutivo canario dice estar satisfecho por el interés mostrado por el Gobierno socialista para solucionar la llegada masiva de inmigrantes irregulares a las Islas, Becerra criticó que después de un mes y medio de que este fenómeno desbordara la capacidad de acogida de los centros en el Archipiélago, todavía el Gobierno regional desconoce el ritmo de las derivaciones que se están realizando a otras comunidades autónomas.

En este sentido, el portavoz enfatizó la importancia de evitar el "embolsamiento" de inmigrantes irregulares en las Islas y la necesidad de controlar si las derivaciones están teniendo lugar al mismo ritmo que la llegada de cayucos desde Mauritania con decenas de personas a bordo.

Por último, Ruano reiteró que durante los próximos días llegarán más cayucos a las costas canarias, ya que las condiciones del mar son muy favorables en estos momentos.