Inmigración.- Gobierno valenciano viajará a Canarias para ofrecer ayuda ante las "palabras huecas" del Gobierno central

VALENCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció hoy que ha encargado a la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, que encabece una delegación que viajará al archipiélago canario con el fin de "evaluar el esfuerzo" que el Consell puede hacer para ayudar a esa comunidad en materia de atención a inmigrantes, ante las "palabras huecas" del Gobierno central.

Asimismo, manifestó su oferta al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de "lealtad y cooperación", para "juntos establecer los parámetros, a medio y a largo plazo, de lo que está siendo una de las grandes cuestiones de la España de hoy y desde una comunidad que está trabajando diariamente para que esa integración sea una realidad".

Al respecto, Camps, que realizó estas declaraciones tras reunirse con altos cargos de la Generalitat que trabajan en tareas de integración de las personas inmigrantes, reiteró su solicitud de "cooperación" al Gobierno central, que estimó en 500 millones de euros, porque "este esfuerzo económico --que cifró en 850 millones por parte del Consell-- es algo que debemos compartir entre todos, los valencianos y todos los españoles".

Frente a "un Gobierno de la nación desorientado, perdido y sin ideas en una cuestión tan importante para el presente y el futuro de España", el jefe del Consell se mostró convencido de que, pese a haber obtenido el "silencio" por respuesta, tiene que "seguir exigiendo esta cooperación en materia de esfuerzo presupuestario y económico".

Así, añadió que "mientras que las palabras huecas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero desorientan a todos los españoles, las políticas reales de presupuestos ciertos de este Gobierno autonómico están haciendo realidad la integración de centenares de miles de personas que vienen de fuera de esta comunidad".

Según Camps, ya son más de 350.000 personas los inmigrantes que viven y trabajan en la Comunitat Valenciana y que son atendidos en los diferentes programas y políticas de integración desarrollados por el Gobierno valenciano, en materia de educación, sanidad, vivienda, o servicios sociales, destacó.

En este punto, indicó que ha pedido a De Miguel que viaje a las Islas Canarias y que hable con la Consejería correspondiente en materia de Inmigración, con el fin de "evaluar cuál es el esfuerzo que pueden hacer los valencianos para ayudar a una comunidad autónoma que vive un momento tan delicado". "Quiero que la solidaridad de los ciudadanos de la Comunitat vuelva a demostrarse con la presencia del Gobierno valenciano en Canarias para ofrecer lealmente cooperación en esta materia tan importante para todos", añadió.

"POLITICA COHERENTE"

Sin embargo, subrayó, "hace falta una política de inmigración coherente, solidaria y pactada por todos los que tienen que decir algo al respecto", como son los gobiernos autonómicos y los municipales, porque "entre todos estamos haciendo este enorme y potentísimo esfuerzo" como "jamás se había hecho en la Comunitat Valenciana", dijo.

En este sentido, destacó que la Comunitat es "un ejemplo de que si se quiere se puede", ya que "queremos integrar y estamos integrando", y, por ello, pidió al Gobierno de España la misma lealtad que estamos demostrando desde la Comunitat", concluyó.

Junto a Camps, comparecieron los consellers de Bienestar Social; Cooperación; Sanidad; Territorio y Vivienda, y Educación, los cuales dieron cuenta de las diferentes políticas que el Gobierno valenciano lleva a cabo en materia de integración de inmigrantes.

Así, la consellera de Cooperación, Gema Amor, apuntó que el Gobierno autonómico va a impulsar la creación de centros de acogida para menores de la calle en países originarios de la inmigración, tales como Mauritania, Senegal o Ghana, con el fin de que puedan atender a los menores inmigrantes que deban ser repatriados. Asimismo, en estos países también se llevará a cabo programas de sensibilización, para que "conozcan la realidad que se encontrarán si logran llegar a esta tierra".

Por su parte, la titular de Bienestar Social, Alicia de Miguel, resaltó que en la Comunitat hay actualmente 600 menores inmigrantes que llegaron solos y que son atendidos por la Administración autonómica. A estos niños se destina cerca del 30 por ciento del presupuesto valenciano para la protección de menores, que asciende a 86 millones de euros en 2006, apuntó. Frente al "desastre" y el "desorden" que provoca el Gobierno central, la Generalitat trabaja por lograr una "sociedad cohesionada, tranquila, segura y con igualdad de oportunidades para todos", subrayó De Miguel.

"DESIDIA Y ABANDONO"

En cuanto a la financiación de la sanidad pública, el conseller Rafal Blasco, criticó la "desidia" y el "abandono" que sufre la Comunitat --en la que 640.000 personas extranjeras tienen asegurada su prestación sanitaria por el Servicio Valenciano de Salud-- por parte del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, y pidió que la financiación sanitaria "se ajuste a la realidad". Añadió que "no queremos que la inmigración colapse la sanidad", al tiempo que aseveró que "no se puede pedir solidaridad a la UE y denegársela a las comunidades autónomas".

Respecto a la política de acceso a la vivienda, el conseller Esteban González Pons resaltó que el 30 por ciento de las viviendas entregadas por el IVVSA están destinadas a personas inmigrantes, así como el 24 por ciento de las gestionadas por la Agencia Valenciana de Alquiler. Actualmente, unas 16.000 familias procedentes de otros países han logrado acceder a una vivienda gracias a los planes de la Generalitat, y se prevé que en dos años se sumen otras 25.000.

Por último, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, subrayó que el 79,6 por ciento de los alumnos incorporados en el último curso son extranjeros, los cuales ascienden ya a 71.941 en toda la Comunitat. Esto obliga al sistema educativo valenciano a "enfrentarse a un reto no visto nunca antes", dijo, aunque se está adaptando "perfectamente", aseguró, "gracias al esfuerzo económico" desarrollado por el Ejecutivo valenciano, que asciende a 378,28 millones de euros anuales (5.258,19 euros por alumno inmigrante).