MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, reclamó hoy una mayor protección judicial en los centros de acogida de inmigrantes que llegan a territorio español, incluso con su reglamentación mediante ley, así como que aquellos que se consideren "expulsables", independientemente de que no estén regularizados, tengan "algún documento de acreditación". A su juicio, se garantizarían así sus derechos, que actualmente están "coartados" por la Ley de Extranjería.
En rueda de prensa en el Congreso, aseguró que a su formación le preocupa más que estos inmigrantes tengan una identificación personal, para que así puedan entrar en mecanismos de regularización, que el hecho de que haya un número determinado en una CCAA u otra, algo que se asemeja más a una "tómbola" que a otra cosa.
Recordó que IU-ICV ha planteado en diversas ocasiones en el Congreso la modificación de la Ley de Extranjería para reconocer todos los derechos a los inmigrantes, que hoy los tienen "coartados". "Hay que reconocer el derecho político y electoral a los inmigrantes en elecciones municipales y más allá, y hay que hacerlo en relaciones bilaterales, pero también con una interpretación flexible de la Constitución y, si es el caso, en una modificación constitucional", argumentó.
Así, calificó de "jarro de agua fría" las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega en las que situaba la iniciativa firmada por IU-ICV y PSOE en esta dirección como un "código de buenas intenciones, algo que no es así". Llamazares recalcó que su grupo pretende "realmente" que los inmigrantes empiecen a votar en las elecciones, "sin ningún interés particular, porque quien tienen obligaciones tienen derechos".
ACREDITACIÓN NO ES REGULARIZACIÓN
Por otro lado, afirmó que aquellos inmigrantes que se consideren "expulsables", pero que no tienen identificación de su origen y "quedan por las calles", independientemente de que no estén regularizados, deberían tener "algún documento de acreditación, que no signifique necesariamente que están regularizados".
En este sentido, agregó que debería haber, eso sí, también un camino de regularización "a medida que se va produciendo una bolsa de inmigrantes en situación irregular", de manera que hubieran mecanismos que permitieran una regularización "cíclica y paulatina".
Asimismo, avanzó que su grupo optará por esperar a la comparecencia de petición propia de los ministros de Trabajo e Interior, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que lo importante es que lo hagan, y no si es "esta semana o la próxima". Agregó, además, que no comparte el "alarmismo" del PP, ni que se haga "demagogia" en el Parlamento atribuyendo esta responsabilidad "en exclusiva" al Gobierno.
Llamazares indicó que su preocupación de fondo es el desarrollo y la cooperación con el África subsahariana, más a medio y largo plazo, algo que requiere una implicación de la UE. "Es mucho más importante su implicación en cooperación y desarrollo que en materia policial, ya que poner puertas al mar en este caso es bastante complicado", matizó.
REPATRIACIONES DE PRESOS
En referencia a la posibilidad de repatriar presos a sus países de origen para que cumplan en ellos sus penas, Llamazares aseguró que hay que ser "muy cuidadosos", sobre todo porque algunos de esos países de origen pueden "no garantizar" los derechos fundamentales de esos ciudadanos.
"Al igual que rechazamos en su momento cualquier mecanismo de repatriación que vulnerase los derechos de los inmigrantes, como ocurrió con Marruecos y Mauritania, dejando a los inmigrantes abandonados en el desierto, vulnerando derechos humanos fundamentales, ahora hay que garantizar también esos derechos, algo que no se hace enviando inmigrantes a cumplir penas en sus países de origen", explicó.
En su opinión, muchos de estos inmigrantes presos "probablemente" hayan huido de sus países por "represión política, por situaciones exentas de garantías jurídicas y democráticas", por lo que IU no sería favorable a una medida "lineal", sino que apostaría por estudiar todas esas medidas de acuerdo con el "derecho humanitario y con la protección de los derechos de los inmigrantes".