Afirma que el dispositivo de repatriación ha derivado en "un puente aéreo" incesante de aviones hacia la península y África
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (GRAN CANARIA), 28 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció hoy que el Gobierno español incrementará "la acción diplomática y la búsqueda de cooperación activa" con Guinea Bissau, tras comprobar que el punto de partida del flujo de cayucos se ha ido desplazando hacia el sur del continente africano.
La salida de las embarcaciones se produce, según el titular de Justicia, desde una zona fronteriza entre Casamance (Senegal), que es un territorio sobre el que el gobierno de dicho país tiene un control muy deficiente, y Guinea Bissau.
Tras la inauguración de la XV Conferencia de Ministros Iberoamericanos de Justicia, que comenzó hoy en Gran Canaria, López Aguilar recordó la creciente colaboración entre el Gobierno español y Marruecos, la costa del Sahara, Mauritania y posteriormente Senegal, a la que se refirió como "muy difícil", aunque ha logrado contener el flujo de embarcaciones procedentes de este país subsahariano.
Indicó que la respuesta del Gobierno frente a la inmigración subsahariana "partió de cero, de la nada" desde hace dos años y medio, y que está mejorando día a día. Puso como ejemplo el dispositivo de devolución hacia los países de origen que, a su juicio, ha derivado "en un puente aéreo incesante" de aviones que parten desde Canarias hacia la Península y también hacia los países africanos".
No obstante, comentó que que la inmigración subsahariana supone un porcentaje minoritario respecto a la inmigración en general, ya que el gran contingente de trabajadores que llegan a nuestro país proceden de países iberoamericanos , como son Ecuador, Colombia o la República Dominicana, y que por ello el enfoque para abordar este fenómeno debe ser la cooperación internacional, un asunto en el que tratará en esta Conferencia.
ESPÍAS PARA LAS MAFIAS
López Aguilar señaló que además debe ponerse el acento en la persecución de las organizaciones transnacionales que trafican con personas, una labor que se desarrolla eficazmente desde la cooperación judicial, y que prueba de ello son las más de 300 tramas desmanteladas en los últimos años. Añadió que también se trabaja en la investigación del modo de operar de estas redes en origen, a través de la infiltración de agentes de inteligencia.
Preguntado sobre el incidente ocurrido en el municipio tinerfeño de El Rosario, donde la policía trató de ocupar unas instalaciones militares para alojar inmigrantes, destacó el esfuerzo "ímprobo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Organizaciones no Gubernamentales en la atención de los inmigrantes que llegan en cayuco "en unas condiciones imposibles, y hacerlo además con respeto a su dignidad esencial como personal".
Agregó que España combina "crecimiento económico pujante y bienestar social" con una apuesta rotunda a los Derechos Humanos, y "esto está atrayendo a mucha gente que proviene de situaciones de gran desesperación", donde la esperanza de vida apenas alcanza los 30 años de edad.
"Esta gente está llegando y está poniendo a prueba nuestra capacidad de acogida", según el ministro, aunque el Gobierno ha desplegado todo un dispositivo de respuesta, como los centros de estancia temporal, agentes policiales y ONGs que les atienden, y aunque se puedan producir incidentes "ninguno de ellos puede tener como respuesta alarma social o instigación de sentimiento negativo".
IMPLICACIÓN PODERES PÚBLICOS.
Advirtió que los recursos destinados a la inmigración deberán ser incrementados porque el fenómeno "no es un suceso que vaya a desaparecer mañana". Por ello, señaló que "no hay soluciones milagrosas, ni 'crecepelo' ni un antes ni un después, estamos ante un desafío a escala planetaria, de dimensión histórica, que va a requerir que todos los poderes públicos de la España plural lo incorporen a su agenda y a sus prioridades presupuestarias".
"El Gobierno ya lo está haciendo", agregó el ministro, que recordó el Plan de Seguridad Integral para Canarias aprobado el pasado mes de julio, que aportará a la isla 1.600 efectivos de la Policía y la Guardia Civil.
La inversión en seguridad para el próximo año, según anunció López Aguilar será del cien por cien por parte del Ministerio del Interior en Canarias, a lo que se suma una partida de 300 millones de euros para financiar las repatriaciones. Indicó también que el Ejecutivo está invirtiendo "40 veces más" en todas sus partidas destinadas a la atención de los inmigrantes.
"Por ello está fuera de lugar que ningún representante político se permita subrayar los aspectos negativos o instigar alarma social con respecto de los incidentes que puedan producirse en la gestión de este desafío", concluyó.