Inmigración.- Madrazo dice que Euskadi será "solidaria" y acogerá un número reducido de personas aún sin determinar

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, aseguró hoy que el Gobierno vasco será "solidario" ante la afluencia de inmigrantes a las costas de Canarias, si bien exigió al Ejecutivo central que modifique su política de inmigración y la "pacte" con las comunidades autónomas. Asimismo, explicó que aún no se ha determinado el número de personas que podría llegar a Euskadi, aunque será "reducido".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, aseguró que el Ejecutivo vasco es "un gobierno solidario" que "no rehuye sus responsabilidades cuando tiene que hacer frente a crisis humanitarias", por lo que "estará a la altura de las circunstancias" y asumirá su "cuota de responsabilidad y de solidaridad".

Javier Madrazo explicó que aún no se ha determinado el número de personas que pueden ser acogidos en la Comunidad Autónoma Vasca, aunque "será reducido", e indicó que se está dialogando con el Gobierno central para suscribir un protocolo que garantice que "la acogida de estas personas se haga en buenas condiciones" y que existan "unas garantías y una red de acogida" que permitan que "estén atendidos".

Madrazo destacó que Euskadi tiene "déficit de mano de obra" en determinados sectores, como el servicio doméstico, la construcción, el sector forestal, pesca o industria, por lo que no hay "un problema de falta de plazas o de capacidad de acogida".

PACTAR CON LAS AUTONOMÍAS

El consejero vasco advirtió al Gobierno central de que no debe "acordarse solo de las comunidades autónomas cuando hay una crisis como ésta para que le saque las castañas del fuego", sino que tiene que "pactar la política de inmigración" también con ellas. "No puede ser que PSOE y PP pacten una ley de extranjería que lesiona derechos fundamentales y cuando hay un problema de estas características se acuerde de las comunidades autónomas", censuró.

El consejero vasco reclamó al Ejecutivo "un cambio" en su política de inmigración, con la derogación de la Ley de Extranjería, que "está en origen de esta crisis humanitaria junto al modelo de desarrollo capitalista que condena a África a una situación terrible". Asimismo, apostó por implantar "fórmulas de flexibilidad jurídica" para que los inmigrantes "tenga un horizonte de regularización porque esta gente viene a trabajar no a vivir de las ayudas sociales y de la caridad".

Finalmente, consideró que el problema de la inmigración supera el ámbito del estado y apostó por políticas de inmigración "mucho más abiertas y respetuosas con los derechos humanos". De esta manera, criticó que el Gobierno central afronta la política de inmigración "de manera defensiva", a pesar de que "la mejor política" es la que apueste por el desarrollo de África y que cuente con "mecanismos de acogida razonables".