Intermediarios en las operaciones de Matas dicen que no vieron irregularidades en sus encargos

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro imputados intermediarios en operaciones del exsecretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) Josep Maria Matas han asegurado este lunes al juez que no detectaron irregularidades en los encargos recibidos, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.

Según las mismas fuentes, Ramon G., administrador de la la empresa Parès i Solé, presuntamente usada por el exsecretario para facturar a la ACM servicios que no se prestaron; el ingeniero José E., el diseñador gráfico y primo de Matas; Lluís T., y el abogado Salvador Q. han respondido a preguntas del juez y fiscal --sobre todo de carácter técnico-- que no vieron nada anómalo.

El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona imputó un presunto delito de malversación de fondos públicos a Matas y al que era su jefe de servicios jurídicos, Francesc Xavier Solà, por haber desviado presuntamente cerca de un millón de euros, después de que el fiscal acusase al primero de aprovecharse de su cargo en la ACM para desviar dinero de la entidad "a su bolsillo particular".

Matas se acogió a su derecho de no declarar cuando fue citado el 17 de abril, el mismo día que se convocó a Solà, que solicitó una aplazamiento del interrogatorio que el Juzgado ha fechado ahora para el martes 21 de mayo, según las mismas fuentes.

El fiscal cree que Matas, "prevaleciéndose del control directo y en la práctica omnímodo sobre los mecanismos de contratación y gasto de la ACM, interpuso sociedades instrumentales igualmente controladas por él --Parès i Solé y Tresserres Imatges Corporatives, de su primo Lluís T.--en la contratación de servicios de la ACM", emitiendo facturas presuntamente falsas.

PELOTAZO EN VIC

Además, el fiscal cree Mas y Solà en 2009 se aprovecharon de sus cargos en la ACM, en la Fundación privada de vivienda pública de Catalunya (FPHP) y en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) --Solà era concejal de Urbanismo en la localidad-- con el fin de ganar dinero en una operación para construir 18 viviendas sociales.

Sobre esta operación, el fiscal cree que, aunque "nunca se cumplieron las condiciones establecidas en los contratos y que la obra acabó paralizada tras sólo haberse construido un 8,9% del proyecto", la empresa de los querellados, Promocu, y Minamb --la que realmente efectuó la obra-- facturaron a la FPHP gran parte de la retribución prevista para todo el proyecto, unos 200.000 euros.