Las ofertas se presentaron con posterioridad a la adjudicación, según un empleado del servicio de contratación
SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Castro Urdiales (Cantabria), el ex regionalista Fernando Muguruza, levantó los reparos de intervención a la adjudicación a la empresa Izeta de las obras del túnel de Mioño aconsejado por quien ejercía de interventor en ese momento.
Y se lo recomendó para evitar problemas con los pagos a la empresa, según ha desvelado este funcionario, Fernando Martínez de Arriba, en el juicio que se sigue ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander contra los acusados por prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación de forma directa de las obras del túnel de Mioño a la empresa del hermano de uno de los concejales del equipo de Gobierno de Castro, y que ha quedado visto para sentencia.
En total, los acusados son ocho: el alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda, el ex 'popular' José Miguel Rodríguez López 'KyK'', y otros seis concejales, funcionarios (incluido el que fuera secretario municipal y el interventor) y el gerente de Izeta, la empresa adjudicataria de estos trabajos.
En esta última sesión, el ex interventor municipal Fernando Urruticoechea ha denunciado la existencia de una "trama de corrupción" municipal y uno de los empleados del área de Contratación ha revelado que se le comunicó una resolución con dos ofertas para estas obras cuando ya habían sido adjudicadas a Izeta.
Asimismo, investigadores han revelado la condición de Salvador Hierro, concejal de Obras, de administrador de una de las empresas del sector de la construcción que operaban en el municipio y relacionadas con otras compañías en las que figuraban los hermanos Díez Muro (uno concejal de Industria y el otro, de la empresa adjudicataria de las obras del túnel de Mioño).
"TRAMA DE CORRUPCIÓN" MUNICIPAL
El ex interventor, Fernando Urruticoechea, que inicialmente iba a ser acusación particular en este proceso, ha relatado como en junio de 2004 un acuerdo del Pleno trató de "limitar" sus funciones, en lo que él vivió un "linchamiento público y moral", poco después de haber advertido de las primeras adjudicaciones irregulares a Izeta.
Tras esto, estuvo de baja, en un período que justo coincidió con las adjudicaciones a Izeta de las obras del túnel de Mioño y la reforma del mercado municipal, por lo que no participó en este proceso. A su regreso, se encontró a un nuevo interventor, acusado en la causa, y cuyo nombramiento luego sería anulado judicialmente.
En el Ayuntamiento de Castro Urdiales se producían "ilegalidades flagrantes todos los días" que luego descubrió que no eran "producto de la casualidad" sino, al contrario, de un "plan" para fomentar la "arbitrariedad" de los actos políticos, una "trama de corrupción" en la que participaban también funcionarios municipales como el secretario y el nuevo interventor, acusados en este juicio.
Todo esto sucedía a pesar de que en la legislatura anterior Urruticoechea había mantenido una relación "muy estrecha" con algunos de los acusados, con quienes compartía una función de control de la legalidad del equipo de Gobierno que les precedió.
"Pensé que la nueva Corporación iba a cumplir lo que había dicho y la senda de la legalidad, como habían prometido en las elecciones", en las que la "legalidad" había sido tema central. Pero al pasarse en 2003 del Gobierno socialista al tripartito entre PRC, PP e IU, se encontró con "puntos de inflexión" que le hicieron ver que se iban a comportar igual que el anterior equipo de Gobierno, pero de forma "más despótica".
OFERTAS DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN
Por su parte, uno de los empleados municipales del servicio de contratación ha relatado cómo a este departamento del Ayuntamiento sólo llegó el acuerdo para que se adjudicaran "en legal forma" las obras a Izeta, lo que le hizo pensar que "ya estaba adjudicada" pese a que nunca vio la oferta previa de la empresa.
Y ha añadido que, meses después, cuando ya estaba adjudicado, se recibió en este servicio una resolución en la que se solicitaban dos presupuestos para los trabajos que ya se había acordado que desarrollara Izeta.
De hecho, se presentó oferta en nombre de empresas cuyos propietarios han declarado que desconocen como se pudo hacer, pues no fueron ellos quien lo solicitaron.
El que en esos momentos ejercía como interventor municipal planteó un reparo a la adjudicación, al encontrar "carencias" tanto en la oferta como el procedimiento, de los que alertó al alcalde, a quien no obstante recomendó que levantara el reparo para que así se pudiera pagar a la empresa y evitar perjuicios al Ayuntamiento.
La ingeniera municipal ha señalado al departamento de servicios sociales como responsable del expediente para eliminar las barreras del mercado, pero ha declarado que no recuerda nada más relacionado con la tramitación de este proyecto.
EMPRESAS
Por su parte, Javier Ibarrola, el responsable de Izeta ha contado en el juicio que tenía varios negocios y propiedades comunes con el concejal de Industria, Jaime Díaz Muro, acusado en el proceso junto a su hermano, empleado en esta empresa a la que se adjudicaron las obras.
Investigadores de la Policía Judicial han detallado ante el juez las conexiones empresariales y familiares de los hermanos Díez Muro con constructoras que trabajaban en el municipio, una de ellas administrada por el concejal de Obras, Salvador Hierro, acusado en este proceso.
