IU denuncia un PAU en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) que aportaría al Ayuntamiento más de 1.000 millones de pesetas

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida denunció hoy un Proyecto de Actuación Urbanística (PAU) en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), que prevé la construcción de 900 chalés de lujo, y dos campos de golf, y que a aportaría al Ayuntamiento de la localidad ciudadrealeña unos ingresos de cerca de 1.150 millones de pesetas, por la recalificación del suelo en el que se pretende edificar.

En rueda de prensa, el coordinador regional, Cayo Lara, acompañado de la coordinadora provincial, Sonsoles Arnau, condenó que el equipo de Gobierno argamasillero, con los votos a favor de los ocho concejales del PSOE, y la oposición de los dos del PP y los ediles de su formación, haya aprobado la recalificación inicial de 5 millones de metros cuadrados, de una finca conocida como 'Las Pachecas', en las que se pretende edificar esta urbanización de lujo.

El también concejal en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba acusó al equipo de Gobierno de llevar tres años haciendo "maniobras, con falta de transparencia", para impulsar este proyecto, cuyos beneficios vendrían a suplir las carencias que presenta el Consistorio.

Según Cayo Lara, el primer problema al que se enfrenta el equipo de Gobierno y la empresa promotora --Arahonde S.L.U.--, es el agua, pues según estima IU que el abastecimiento de esta macrourbanización residencial, de ocio y comercial situada a 9 kilómetros del casco urbano, equivaldría al consumo de cerca de 220 campos de fútbol.

Así, explicó que en primer lugar la empresa promotora, a la que está vinculado, según afirmó, Javier García-Page, hermano del vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, quiso comprar a los regantes del Estrecho de Peñaroya, por 1.000 millones de pesetas, los derechos de agua, petición que contó con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Pero, continuó el edil argamasillero, gracias a los recursos interpuestos por IU y las organizaciones ecologistas de la provincia, y el Ministerio de Medio Ambiente desestimó la petición porque los regantes tan solo son concesionarios de los derechos del agua, no propietarios para poder venderla.

Afirmó que tras una reunión secreta entre el alcalde de Argamasilla, José Díaz-Pintado, y representantes de la promotora, entre los que se encontraba el hermano del vicepresidente segundo, el Ayuntamiento solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana una ampliación de concesión de agua, el uso de las aguas residuales de la localidad, así como una concesión de aguas públicas de la futura depuradora de Argamasilla de Alba-Tomelloso, para regar los campos de golf.

Dicho esto denunció que en caso de que la CHG de el visto bueno a esta petición, supondría que el recorrido de esa depuradora se desviase 21 kilómetros para abastecer al PAU, "y como esto es imposible, estaríamos ante una maniobra política para dar fe de legalidad a lo que no puede ser posible".

"Estamos diciendo que le vamos a poner la lupa al vicepresidente y al Gobierno regional, para que todos los pasos que se den sean ajustados a la legalidad vigente, y esperamos que no haya tráfico de influencias, y que la empresa haya pensado que contratando a una persona cercana al Gobierno, obtendrá su favor".

Por ello, el coordinador regional de IU, consciente de que esta denuncia "nos puede costar votos, pero la coherencia ha de estar por encima" y "de que se nos volverá a acusar de insidiosos", advirtió que su formación recurrirá este acuerdo inicial aprobado por el Ayuntamiento.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA.

Desde Izquierda Unida calificaron de contradictorio el hecho de que el Gobierno regional critique el urbanismo de Murcia, basado en macrourbanizaciones que necesitan recursos hídricos que no tienen, cuando en Castilla-La Mancha se están aprobando obras hidráulicas como las de la Llanura manchega, que impulsarán proyectos urbanísticos con campos de golf, como ocurre en el conocido 'Reino de Don Quijote', en Valdepeñas, Torrenueva, Puertollano o el de Argamasilla, entre otros.

Esto es así, continuó Lara, la Ley de Urbanismo de 1998 permite construir en toda España, de tal forma que se están "construyendo nuevos pueblos para ricos que han decidido que no quieren vivir con el resto de ciudadanos, y compartir sus problemas".

Según el coordinador regional de IU, los alcaldes, obligados por los problemas de solvencia económica de los ayuntamientos que no resuelve el Pacto Local, los cómplices de estos "pelotazos urbanísticos", pues ven en estos proyectos "la gallina de los huevos de oro".

Por ello concluyó, desde la Federación de izquierdas llegarán hasta las últimas consecuencias en la lucha contra este modelo de urbanismo que nada tiene que ver con el desarrollo sostenible, hasta que el Ejecutivo de la nación cambie la ley de Urbanismo.