MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida ha denunciado que la Mesa del Congreso, con el apoyo del PSOE y PP, ha rechazado admitir dos preguntas escritas que la diputada Eva García Sempere había registrado para saber si al Gobierno le consta que la Fundación Felipe González tiene "documentación clasificada", y si considera apropiado que los archivos del expresidente sean gestionados por una "entidad privada".
La diputada de IU hace referencia en sus preguntas al archivo personal que ha hecho público el expresidente, a través de su Fundación, con miles de manuscritos, documentos y fotografías de toda su trayectoria, y que está disponile en la web de la fundación.
En un comunicado, la coalición de izquierdas ha informado de que el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha remitido un escrito a la diputada de IU Eva García Sempere para pedirle que "reformule" dos de las preguntas plateadas al respecto. La Mesa ha alegado que "en los términos en que se encuentran redactadas, versarían sobre materia ajena a la competencia del Gobierno".
En concreto, García Sempere preguntaba en una de ellas al Gobierno si considera que "es correcto que la documentación generada por un ex presidente del gobierno en el ejercicio de su función sea gestionada y custodiada por una entidad privada" y si "tiene constancia de la existencia de documentación clasificada en la Fundación Felipe González y de que, en su caso, está custodiada adecuadamente".
NUEVA PREGUNTA
IU ha explicado que para no dar motivos a PSOE y PP para tumbar con este pretexto toda la iniciativa registrada, la parlamentaria ya ha formalizado una nueva redacción de estas cuestiones. "¿Cuál es el criterio del Gobierno para la gestión y custodia de la documentación generada por un ex presidente en el ejercicio de su función?", reza la nueva pregunta.
Eva García Sempere registró a finales del mes de junio su batería de preguntas tras conocer a través de distintas informaciones la posible existencia de "documentación clasificada en el seno de la Fundación Felipe González, en la que se mezclarían tanto documentos y materiales de carácter privado, pero también documentación pública y otra probablemente clasificada conforme a la Ley de Secretos Oficiales".
Según García Sempere, a esta interpretación da pie el contenido de la página web de dicha fundación, donde se asegura, según su particular interpretación, que en España "la documentación que afecta a la Presidencia del Gobierno, al carecer de carácter administrativo, ha quedado al margen de las normas y las prácticas que rigen la conservación de la Administración General del Estado" y que "por ello, buena parte de la documentación generada por los distintos presidentes del gobierno de la democracia en España, al no ser archivos públicos, permanecen en su ámbito privado".
LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
Sin embargo, la diputada de IU señala que al apartado 2 del artículo 49 de la Ley del Patrimonio Histórico Español indica que "forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios".
También señala que el apartado 1 del artículo 54 deja claro que "quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda".
En este sentido, y dado que "el archivo que gestiona la Fundación Felipe González es de singular importancia sobre un periodo fundamental de la historia de España", García Sempere defiende que "debe atenerse en todo momento a la legislación vigente". "Debe haber una unificación de los criterios que las instituciones competentes deben mantener hacia todos ellos", defiende IU.
Además de las dos preguntas que ha tenido que reformular, la diputada ha preguntado al Gobierno sobre "qué conocimiento tiene sobre el tipo de documentación generada por los distintos ex presidentes españoles en el ejercicio de sus funciones y que permanece en su ámbito privado" y "qué datos tiene sobre documentación clasificada que esté custodiada por entidades de carácter privado".
Concluye su iniciativa planteando si "se va a tomar alguna medida para que la documentación generada por ex presidentes del gobierno se gestione y custodie de acuerdo al Sistema Español de Archivos".
