CASTELLóN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha dirigido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para exigirle más recursos humanos y técnicos en el proceso abierto contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por presuntos delitos contra la Administración Pública, un presunto delito fiscal y un supuesto delito de falsificación de documento, así como que se investiguen "posibles presiones" externas contra los jueces y fiscales del caso, según informaron fuentes de la formación política.
Llamazares ha remitido la carta a Cándido Conde-Pumpido y al fiscal jefe de la Fiscalía especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción "ante los continuos cambios de jueces y fiscales que investigan el denominado 'caso Fabra'".
En su escrito, Llamazares solicita a Conde-Pumpido y al máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción que se abra una inspección al respecto "si fuese necesario", adoptando, en todo caso, las medidas oportunas "para garantizar una mayor estabilidad de las personas encargadas de la instrucción y acusación en éste y otros procedimientos similares".
Además, el coordinador general de IU reclama que se dote de recursos humanos y materiales "suficientes" para asegurar la "rápida investigación" del "caso Fabra" y otros casos similares, sugiere que se formen equipos de trabajo "que impidan en la mayor medida posible que puedan existir presiones indebidas", así como que se investigue la "eventual existencia de cualquier presunto ataque a la independencia judicial".
Izquierda Unida realiza esta iniciativa un día después que la diputada Isaura Navarro haya registrado en el Congreso una serie de preguntas al Gobierno para, "dentro del absoluto respeto a la independencia judicial", pedir información que pueda aclarar los "retrasos y hechos anómalos detectados en la instrucción del 'caso Fabra'".
El objetivo de estas acciones es que "se investigue e informe de todos los traslados, sustituciones y excedencias de los jueces y, sobre todo, de los fiscales anticorrupción en este caso, para que no quede ninguna duda del correcto y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia", según dichas fuentes.
IU destacó que en sólo dos años de instrucción del caso, un total de ocho juezas y tres fiscales, dos de ellos de la Fiscalía Anticorrupción, "han ido abandonando el caso, algunos de ellos tras recibir ofertas de empresas privadas".
La formación política recordó que en esta causa se investiga al presidente de la Diputación Provincial de Castellón y máximo dirigente del PP en esta provincia, Carlos Fabra, por una serie de supuestos delitos contra la Administración Pública, delitos fiscales y otros. Además de Carlos Fabra, otras 15 personas, "la mayoría de ellas dirigentes provinciales del PP, están también imputadas en varios delitos".
OTRA CARTA
Llamazares recuerda en la carta que los dos últimos fiscales encargados de investigar la causa abierta en los juzgados de Nules han sido sustituidos tras solicitar una excedencia voluntaria "para aceptar una oferta de una empresa privada". "Este hecho agrava nuestra preocupación", que, según dijo, ya fue expuesta el pasado 7 de septiembre de 2005 mediante otra carta.
En su opinión, "el hecho de que en tan breve plazo de tiempo se haya producido tan elevado número de excedencias y sustituciones no deja de ser extraordinario, más aún si tenemos en consideración las particularidades y connotaciones políticas del asunto'".
Llamazares señala que estos relevos está adquiriendo en Castellón "la categoría de escándalo, haciendo dudar a la ciudadanía de la normalidad" de los hechos, en especial en lo referente a los fiscales anticorrupción.
En este caso, según la carta, "se están produciendo hechos verdaderamente preocupantes que afectan directamente" a la "percepción de eficacia y rapidez de la Justicia y que puede afectar también a la deseada igualdad de los ciudadanos y las ciudadanas" ante esta administración. Así, Llamazares pone de manifiesto que los cambios "comportan claramente una mayor lentitud en el proceso que dificulta claramente la rapidez y queda mermada, con ello, la eficacia de la Justicia".
Por otra parte, señala que los cargos que ocupa Fabra dentro de la Administración y dentro de su partido político, "a los que no ha renunciado pese a las imputaciones judiciales que pesan sobre él", pueden afectar a la "exigible" igualdad ante la ley, y añade que la permanencia Fabra en sus cargos "le sitúa en una posición de privilegio que hace posible que se pudieran dar condiciones de presión ante las personas implicadas en este caso, incluidos los miembros de la judicatura".
