Llamazares critica que se pretenda usar aviones militares para contener la inmigración ilegal en Mauritania y Senegal
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, avanzó hoy que pedirá la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que dé cuenta de los diversos casos de corrupción urbanística que están teniendo lugar en diferentes puntos de la geografía española, y presente una batería de medidas urgentes "a pactar entre las distintas administraciones y fuerzas políticas".
En rueda de prensa en la sede de IU, añadió que también pedirán un informe al Gobierno sobre la materia, buscando siempre el "máximo consenso" entre partidos políticos y administraciones afectadas, con el objetivo último de que no paguen "justos por pecadores", que no paguen los ayuntamientos viendo disminuidas sus competencias, ni los alcaldes, "que son honestos en su mayoría". Puntualizó esto último tras las informaciones que aseguran que el PSOE planea que el Estado vuelva a intervenir en el ordenamiento urbanístico.
Llamazares explicó que las medidas a adoptar tienen que empezar por un cambio "a fondo" de la legislación del suelo, para "acabar con el pelotazo", ya que, según dijo, mientras la ley siga atribuyendo las plusvalías, en un ochenta por ciento, a las entidades privadas, "el pelotazo seguirá" existiendo.
En este sentido, apostó también por medidas para "echar a los corruptos" de la vida pública y apoyar, al mismo tiempo, a los alcaldes honestos, que ahora "muchas veces son objeto de presión ilegítima e intimidación, como en estos momentos el alcalde de Seseña", Manuel Fuentes. Además, reclamó más medios para la Fiscalía y para la Policía, junto a una mayor especialización en esta materia.
Acerca del caso concreto de Seseña, censuró que Fuentes haya sido citado a declarar tras una querella presentada por Francisco Hernando 'El Pocero'. Así, subrayó que ahora no sólo hay que perseguir a los "corruptos", sino que también hay que defender a los honestos, porque los alcaldes honestos están "en la diana de la presión de la mafia del ladrillo".
LUCHA PARTIDISTA ENTRE PP Y PSOE
Por otro lado, quiso resaltar que la corrupción urbanística no es una cuestión de partidos, de campaña electoral o de imagen, sino que se trata de un tema de Estado, por lo que, a su juicio, hay que desarrollar "compromisos compartidos". Recalcó, además, que el problema no es el ámbito municipal, porque la materia de suelo es compartida entre administraciones, y añadió que la especulación afecta a las competencias del Estado, por lo que éste debe tomar "en sus manos" la responsabilidad que tiene. "Hay que tomar medidas de manera urgente antes de las elecciones municipales", apostilló.
Así, emplazó al Gobierno a que asuma esto como un tema de Estado, no de partido, y presente medidas con el consenso necesario para bloquear el pelotazo urbanístico y perseguir a los corruptos. "Que PP y PSOE dejen de usar este tema como algo partidista y, por contra, lo vean como un problema de Estado que amenaza a la economía, a la política de vivienda, al medio ambiente e incluso a la democracia", solicitó.
En su opinión, es un "profundo" error convertir a los ayuntamientos en "víctimas" de la corrupción, ya que atribuirles responsabilidades y quitarles competencias es hacer que "paguen justos por pecadores", algo que IU "no va a permitir". Agregó que igual que el Estado ha promovido una iniciativa relativa a la inmigración que ha desembocado en la creación de una comisión en el Parlamento, ahora habría que hacer lo mismo con la corrupción urbanística, una cuestión "más preocupante" que la alarma generada por la inmigración ilegal.
AVIONES MILITARES PARA CONTROLAR INMIGRACIÓN
Precisamente sobre inmigración, Llamazares expresó su rechazo a la posibilidad de que España despliegue aviones militares de vigilancia en Mauritania y Senegal, y censuró que se pretenda dar carácter de contención militar a la inmigración ilegal. Asimismo, subrayó que "todos los medios deben ser civiles" y debe respetarse el "derecho universal humanitario".
Finalmente, criticó esa posible "involución" desde lo civil a lo militar y recalcó que la Ley del Mar es "sagrada". Según dijo, ningún Gobierno, "menos uno progresista", puede "tocar" una ley que habla de recoger y ayudar a quien está a la deriva en el mar. "No compartimos que se rodeé de alarmismo y se le dé caracter de contención militar a la inmigración ilegal", sentenció.
