IU-ICV propone que la condonación de créditos a partidos sea autorizada por Tribunal de Cuentas y Banco de España

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) pretende que la condonación de créditos o intereses entre una entidad financiera y un partido político tenga el visto bueno previo del Tribunal de Cuentas y del Banco de España. También reclama acometer en seis meses una reforma del Código Penal para tipificar la financiación ilegal de las formaciones.

Así se recoge en las enmiendas que prepara la coalición a la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, una iniciativa de ERC que el resto de grupos aceptaron tramitar en el Congreso y que en febrero comenzará a discutirse en Ponencia con el objetivo de que las Cortes la aprueben antes del verano.

En una nueva disposición transitoria, IU-ICV establece que para la condonación de deudas o intereses a las formaciones políticas por parte de las entidades de crédito sean preceptivos informes previos del Tribunal de Cuentas o del organismo de control de cuentas autonómico, así como del Banco de España. Asimismo, plantea que estas operaciones se comuniquen posteriormente al Congreso o a los Parlamentos regionales.

FINANCIACION "ILEGAL GRAVE"

Entre sus enmiendas, IU-ICV incluye dos modificaciones legales. La primera, a realizar en un plazo de seis meses, afectaría al Código Penal y tendría como objetivo la tipificación de la financiación pública y privada "ilegal grave" que cause "grave lesión a la transparencia en el régimen de financiación" de los partidos o a la situación patrimonial de los mismos.

Propone también cambiar, en el mismo plazo, la Ley del Tribunal de Cuentas para aumentar su capacidad investigadora y auditoria, permitiendo que el órgano fiscalizador pueda hacer solicitar información directamente a las entidades de crédito sobre movimientos, saldos, cuentas, depósitos u otros activos de los partidos. Paralelamente, demanda que en los libros de contabilidad de los partidos queden "claros" los créditos vencidos y no pagados.

IU-ICV, que defiende que se prohíba expresamente a las organizaciones políticas crear sociedades mercantiles y que las subvenciones no se hagan efectivas si no se informa con "transparencia" al órgano competente, apuesta por que la nueva ley contemple la concesión de subvenciones anuales a los partidos, en función de su representación en las Asambleas regionales y con cargo a los Presupuestos de las comunidades autónomas, así como por que todas las subvenciones, ya sean públicas o privadas, se ingresen en cuentas "exclusivas y debidamente identificables".

Además, pide prohibir las donaciones anónimas para las fundaciones constituidas por las organizaciones políticas, que las personas físicas o interpuestas que presten servicios o realicen obras o suministros con las administraciones y organismos públicos, no puedan realizar aportaciones privadas a los partidos y que tampoco se permita recibirlas de grupos empresariales relacionados con administraciones o gobiernos extranjeros. También fija que las donaciones superiores a 6.000 euros se abonen mediante cheque bancario.

Respecto a la financiación electoral, IU-ICV sugiere la creación de Comisión Mixta Estado-Comunidades autónomas-partidos políticos, para delimitar un conjunto de recomendaciones destinadas a la racionalización de los gastos de campañas y proponer "límites máximos" y solicita que se incentive su cumplimiento, así como que si el gasto electoral se supera, se descuente de la aportación estatal posterior.

BNG: MÁS DESGRAVACIONES

Por su lado, el BNG, socio del PSOE en Galicia, presentará una decena de enmiendas a la proposición de ley, algunas de las cuales plantean aumentar las aportaciones privadas a los partidos y las posibilidades de desgravación.

Así, proponen que las donaciones de particulares puedan llegar hasta los 150.000 euros (en la reforma son 30.000) y que puedan representar el 10 por ciento del presupuesto anual del partido (hasta ahora se hablaba del 5 por ciento). De igual forma, con las desgravaciones se aboga por subir el límite de 600 euros de la base imponible del IRPF hasta los 3.000 euros.

Otras enmiendas buscan permitir subvenciones de los Gobiernos y Paramentos autonómicos para gastos de funcionamiento de los partidos, una idea que hasta ahora el Tribunal de Cuentas rechazaba por no estar regulada en la vigente ley de 1987.