IU-ICV propone reformas legislativas para que los poderes públicos puedan incentivar el voto en los referendos

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de IU-ICV ha presentado dos proposiciones de ley en el Congreso para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) de 1985 y la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum de 1980, con el objetivo de que los poderes públicos puedan facilitar la participación e incentivar el voto de los ciudadanos en los referendos.

La prohibición de que la Generalitat promoviese la participación en el referéndum sobre la reforma del Estatut previsto para este domingo ha sido cuestionada por el PSC e ICV, que forman parte del gobierno que preside Pasqual Maragall. Hoy mismo, la Junta Electoral ha vuelto a chocar con la Generalitat ordenando la corrección parcial de su campaña institucional por incentivar veladamente el voto.

En ese contexto, IU-ICV plantea una modificación de la normativa reguladora vigente sobre referéndum "imponiendo a los poderes públicos convocantes de la consulta unas obligaciones que tienen como objetivo que el referéndum se celebre en unas condiciones democráticas que incentiven y faciliten la participación de la ciudadanía". Según añade, esta consideración "adquiere aún mayor relevancia cuando se trata de la convocatoria de referendos de carácter preceptivo".

Además, recuerda que la actual LOREG prohíbe la realización de campañas institucionales que tengan como objetivo incentivar el voto y el fomento de la participación y subraya que "la naturaleza del proceso político del referéndum se concilia mal con esta prohibición".

"INCOHERENTE" PROHIBIR FOMENTAR LA PARTICIPACION

"En un referéndum se llama a la ciudadanía a expresarse y, en algunos casos a decidir sobre un proyecto de disposición o una decisión política determinada --argumenta--. Parece incoherente prohibir a los poderes públicos convocantes la posibilidad de realizar campañas institucionales de fomento de la participación".

Es más, IU-ICV estima que, desde un punto de vista democrático, es defendible la obligación de los poderes públicos para asegurar, primero, que el referéndum se va a realizar en las máximas condiciones democráticas y, segundo, que la ciudadanía cuente con una "información rigurosa y suficiente sobre el proyecto de disposición o la decisión política objeto de la consulta". Asimismo, señala que el respeto por la opción de la abstención no es en ningún caso incompatible con el establecimiento de ese tipo de obligaciones a los poderes convocantes.

Por todo ello, y tras insistir en que este asunto ha generado una "alta conflictividad" ante la Junta Electoral Central, este grupo insiste en la necesidad de "revisar los límites legales" actuales sobre las campañas institucionales. De hecho, recuerda que la JEC no se ha opuesto a lo dispuesto en la legislación autonómica que prevé y permite la realización de campañas específicas para incentivar la participación electoral, si bien dentro de los estrictos límites que recoge la Ley Electoral.