PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Izquierda Unida de Navarra, Ion Erro, sostuvo hoy que corresponde al Gobierno y al Congreso, como representantes del conjunto de la ciudadanía, dirigir la política antiterrorista.
Consideró "lamentable" que UPN no reconozca esa capacidad y entiende que, al igual que las víctimas tienen que ser reconocidas, las organizaciones que las representan y los partidos políticos "de manera recíproca" también "tendrán que reconocer la legitimidad y autoridad democrática" de las instituciones.
En un comunicado, el coordinador general de IUN denunció que el presidente del Gobierno foral realiza una "utilización lamentable" del colectivo de víctimas "con intereses partidistas", como, a su juicio, quedó demostrado ayer en el acto de la Policía Foral.
Erro denunció que "UPN es capaz de mentir y manipular la verdad para intentar obstaculizar un proceso de paz que acabe definitivamente con ETA". Sanz afirmó ayer que en el actual momento político "parece que todo es negociable y a cualquier precio".
"Esto es mentir desde la máxima representación institucional navarra, poner el Gobierno de Navarra al servicio partidista del PP y no representar la voluntad de la inmensa mayoría de los navarros y navarras que vemos con ilusión cómo el fin del terrorismo está más cerca", respondió Erro.
Ante la manifestación convocada ayer en Madrid por algunos colectivos de víctimas del terrorismo, el coordinador general de IUN mostró el respeto de su formación "a todas las víctimas de la violencia", a quienes los poderes públicos, según dijo, deben reconocer su "legitimidad y autoridad moral de las víctimas, su memoria y dignidad, y de su derecho a la justicia".
No obstante, precisó que corresponde al Gobierno y al Parlamento dirigir "la política más unitaria, en la que no cabe la confrontación partidaria, encaminada a acabar con el terrorismo y, con ello, evitar nuevas víctimas, abriendo paso a la pacificación y normalización política".
Según Erro, la lucha frente al terrorismo mediante los instrumentos de un Estado de Derecho y la apertura de un proceso de paz "deberá contar con el reconocimiento por parte de los poderes públicos de las víctimas". "De manera recíproca, el conjunto de partidos democráticos y las organizaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo tendrán que reconocer la legitimidad y autoridad democrática de las instituciones democráticas para dirigir la política más unitaria", estimó.