IU pide a la Fiscalía que investigue la gestión del Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) de 1995 a 2000

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de IU en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Pepa Conde e Ignacio García, presentaron hoy una denuncia en la Fiscalía Provincial de Cádiz con el fin de que se investigue la gestión municipal portuense del periodo comprendido entre 1995 y 2000, después de conocer el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del citado periodo.

En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, los ediles de IU señalaron que en la denuncia presentada en la mañana de hoy "se indica que la reiteración y repetición de irregularidades permitiría pensar en la posible existencia de una trama o estrategia planificada con el objetivo de beneficiar a determinadas personas, grupos, entidades o empresas fundamentalmente en el aspecto económico".

Los concejales portuenses consideraron que las "irregularidades administrativas pudieran ser constitutivas de delitos, tales como prevaricación, tráfico de influencias o malversación, cuya determinación exacta exige la investigación adecuada". Por ello, la denuncia ha sido presentada contra las personas que en los años indicados desempeñaron responsabilidades de gobierno y/o gestión en el propio Ayuntamiento y empresas municipales de El Puerto.

Entre las "irregularidades" presentadas en la denuncia, IU afirma que, según el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento portuense en ese periodo de tiempo "desconocía el número total de contratos patrimoniales realizados por las deficiencias y carencias de los registros municipales", así como que "el inventario de los bienes de la corporación no posee información actualizada sobre las características técnicas, jurídicas y económicas de los inmuebles de la corporación, no contando el Ayuntamiento con ningún instrumento adecuado para el control".

Asimismo, indican que en relación con la contratación administrativa "es imposible conocer el número de contratos celebrados", mientras que "dos sociedades anónimas se llevan casi la mitad de las obras contratadas" y que "la mitad de esos contratos fueron adjudicados sin publicidad y mediante procedimientos negociados".

Por otra parte, una de las empresas municipales a las que los ediles de IU hacen referencia es Impulsa, donde amparándose en el informe del Tribunal de Cuentas, señaló en su denuncia que "las cuentas anuales de la sociedad, referidas a los ejercicios 1995 a 2000, ambos inclusive, no reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación económico financiera de la sociedad", así como que "en la contratación, no se han aplicado los principios de publicidad y concurrencia a los que deben ajustarse las sociedades mercantiles públicas" y que "en general, las decisiones se toman sin motivación ni soporte documental suficiente".

Además, dentro de esta misma sociedad, "en algunos polígonos industriales no ha sido posible cuantificar el coste real de la urbanización", mientras que "en la concesión de la cantera de la Sierra San Cristóbal se encuentran numerosas irregularidades técnicas y contables".