MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Político Federal de Izquierda Unida (IU) aprobó hoy un código ético contra la corrupción, bajo el título 'Código de compromisos políticos y éticos de los cargos públicos y de dirección de IU'. La coalición tiene la intención de trasladar este documento al resto de partidos políticos con el objetivo último de alcanzar un gran pacto. El documento fue aprobado con 80 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones, lo que supone un porcentaje de apoyo del 67 por ciento.
La organización propone desarrollar un pacto anticorrupción urbanística que concrete los compromisos de los partidos políticos firmantes, para que en cada formación figure un código de conducta política, que las diferentes fuerzas trasladarán a sus propios estatutos comprometiendo las medidas preventivas y disciplinarias necesarias.
Propone también la concreción de medidas legales en el marco de la Ley del Suelo, la Ley Electoral y la de Partidos, así como los desarrollos de los pactos locales o las leyes urbanísticas, y de cualquier otra naturaleza, "que actuará preventivamente sobre la impunidad y reforzar garantías de control y transparencia".
Asimismo, considera necesario constituir una comisión de seguimiento que, integrada por los partidos firmantes y el Ministerio de Administraciones Públicas, realice propuestas, los informes correspondientes y el seguimiento "exhaustivo" de las incidencias y conflictos.
La coalición denuncia, además, que el fenómeno de la corrupción urbanística tiene efectos "demoledores" sobre la gobernabilidad, favoreciendo el "transfuguismo" y colocando al "borde del colapso" el modelo de desarrollo territorial.
Este código ético, que no sustituye a los estatutos de IU, contempla la creación en el ámbito federal de un Registro de los Cargos Públicos de la coalición, y propone la firma, previa a su elección como cargos públicos, de un compromiso ético y político contra el transfuguismo, comprometiéndose a luchar contra este fenómeno antidemocrático de forma activa evitándolo "por acción u omisión".
Establece, además, que la Comisión de Control de Finanzas de la coalición fijará un mecanismo de acopio y conocimiento de las declaraciones de intereses y patrimonio de todos los cargos públicos e institucionales, los cuales tendrán que notificar a dicha Comisión las variaciones que experimente su patrimonio durante el ejercicio del cargo y hacer un balance final.
Esta obligación afecta también a los miembros de órganos de gestión y ejecutivos federales, así como a las federaciones, Comisiones de Control de Finanzas y Garantías Federales.
HACER PÚBLICOS LOS INGRESOS
"Los diputados, senadores, diputados europeos y cargos de representación elegidos por IU federal harán públicos sus ingresos, cotizarán a IU Federal conforme a lo establecido por los órganos federales y la organización dará a conocer a los militantes esta información a petición de cualquier afiliado. Los cargos de IU rendirán cuentas de sus tareas de forma regular en los órganos correspondientes", prosigue.
En este sentido, el documento promueve que los cargos públicos de IU se comprometan a desarrollar un papel activo contra la especulación urbanística, el tráfico de influencias, las malversaciones de recursos públicos, el enriquecimiento injusto o la degradación medioambiental del territorio, impulsando comisiones de investigación en los ámbitos de sus competencias, así como a utilizar e impulsar mecanismos de participación democrática, consultas populares y de contacto con los movimientos sociales para ejercer con ellos un papel crítico sobre la actuación política en general.
El documento apunta que los militantes y cargos públicos de IU imputados por un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevariación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género cesarán de forma "inmediata" de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria y "en ningún caso" podrán ser candidatos en listas electorales.
Puntualiza, eso sí, con el fin de preservar la presunción de inocencia de cualquier militante o cargo público, cuando el afectado entienda que la acusación formulada no tiene sustento "fáctico" y pretende únicamente la suspensión de su militancia o el apartamiento del cargo público, podrá solicitar un pronunciamiento del Consejo Político Federal de IU sobre el aplazamiento de la medida cautelar de suspensión de militancia o desempeño de cargo público, o prohibición de concurrir a elecciones en lista de IU.
La Comisión Federal de Garantías se pronunciará igualmente sobre cualquier denuncia interpuesta ante ella a consecuencia de indicios "racionales" de corrupción, en especial en casos de acuerdos urbanísticos contrarios a la política de la coalición y adoptados con apoyo de cargos públicos de IU.
"Resultará incompatible la pertenencia a institución u órganos de dirección alguno que contrate, aunque sea de forma esporádica, relación comercial alguna con personas jurídicas de las que forme parte como socio cualquier militante de IU perteneciente a la institución u órgano contratante, o familiares suyos hasta el cuarto grado directo o colateral", indica.
Finalmente, el código pide a los militantes que guarden confidencialidad sobre la información patrimonial privada o sobre cualquier medida disciplinaria o cautelar, ya que únicamente corresponderá a los órganos federales su difusión pública.
